En medio de una crisis que ya no solo se mide en variables económicas sino en el estado anímico de la sociedad, la salud mental emerge como uno de los frentes más sensibles y menos atendidos. El aumento sostenido de los suicidios y los padecimientos psíquicos empieza a encender alarmas que trascienden lo sanitario y se vuelven sociales.
En ese contexto, el diputado peronista Eduardo Valdés puso el foco en lo que define como una “situación alarmante” y exigió explicaciones al Gobierno: qué políticas se están implementando, cuánto se invierte y, sobre todo, si hay una estrategia real o si el Estado está corriendo detrás de una problemática que ya desborda.
Valdés presentó este jueves un proyecto de resolución para solicitar informes al Poder Ejecutivo sobre la situación de la salud mental en el país y advirtió sobre el alarmante crecimiento de la tasa de suicidios.
“La crisis de salud mental es alarmante y el Estado no puede mirar para otro lado. Es imprescindible saber qué está haciendo el Gobierno frente a esta situación, si es que está haciendo algo o simplemente está abandonando a su suerte a las personas que necesitan asistencia”, sostuvo el legislador opositor.
La iniciativa presentada por Valdés exige precisiones al Ministerio de Salud sobre el presupuesto asignado y ejecutado en el área, el funcionamiento de la Dirección Nacional de Salud Mental, la implementación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio y las políticas públicas destinadas a abordar el aumento de los padecimientos psíquicos en la población.
En los fundamentos del proyecto, el dirigente peronista remarcó que la situación se agravó en los últimos años y que existe una creciente demanda en el sistema público.
“Estamos ante un escenario de alta vulnerabilidad emocional, con un incremento sostenido de consultas, internaciones y casos vinculados a consumos problemáticos, en un contexto de crisis económica y social”, señaló.
El legislador también puso el foco en el aumento de los suicidios y de los intentos de suicidio, especialmente entre jóvenes.
“Se trata de un problema estructural que requiere políticas públicas urgentes, integrales y sostenidas en el tiempo. No podemos naturalizar cifras que expresan sufrimiento y abandono”, afirmó.
Entre los puntos centrales del pedido de informes, se solicita información sobre la posible interrupción de programas, el acceso a medicamentos, el funcionamiento del Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA) y el estado de dispositivos clave como residencias y redes de atención. Asimismo, se requiere conocer si existen planes para asistir a las familias afectadas por estas problemáticas.
Valdés advirtió además sobre el impacto del ajuste en áreas sensibles del Estado.
“El deterioro de las condiciones de vida, la precarización laboral y el desfinanciamiento de políticas públicas tienen consecuencias directas en la salud mental de la población”, indicó.
