La política suele exagerar sus propias batallas. La Justicia, en cambio, está obligada a demostrar lo que ocurrió. Esa diferencia quedó expuesta con la resolución de la Cámara Federal de La Plata, que revocó el procesamiento de Thiago Román Florentín, uno de los acusados por los incidentes registrados durante la visita de Javier Milei a Lomas de Zamora, en plena campaña legislativa de 2025.
La causa sigue abierta, pero el expediente perdió una de las piezas centrales sobre las que se había construido el relato del supuesto ataque organizado.
Lo ocurrido el 27 de agosto del año pasado había sido presentado como un episodio de enorme gravedad. La caravana encabezada por el Presidente, junto a Karina Milei y el entonces candidato José Luis Espert, atravesó el centro lomense mientras un grupo de manifestantes protestaba en las inmediaciones. Hubo empujones, tensión, objetos arrojados y una retirada acelerada de la comitiva oficial. En cuestión de horas, la escena ya circulaba como un presunto atentado político.
Una causa con más relato que pruebas
El procesamiento de Florentín se apoyaba principalmente en el testimonio de un jefe policial que aseguró haberlo visto lanzar objetos contra el vehículo presidencial. A eso se sumaba el reconocimiento del propio imputado de haber participado de la protesta acompañado por una organización social.
Pero cuando el expediente llegó a la Cámara, el cuadro cambió de manera considerable. Los jueces César Álvarez y Roberto Agustín Lemos Arias entendieron que el material probatorio no alcanzaba para sostener semejante imputación.
Las filmaciones incorporadas a la causa no lograron identificar con claridad al acusado realizando actos violentos. Tampoco aparecieron elementos secuestrados que permitieran respaldar la hipótesis de un ataque organizado, ni otras pruebas independientes que reforzaran el único testimonio policial utilizado como columna vertebral del procesamiento.
Incluso uno de los detalles más llamativos del expediente terminó simbolizando las debilidades de la investigación. La defensa sostuvo que el único objeto que podía apreciarse en los registros audiovisuales era un brócoli lanzado durante la protesta. Más allá de la anécdota, el punto jurídico era otro: el tribunal concluyó que nunca pudo determinarse con precisión qué se arrojó, quién lo hizo ni si esos elementos tenían capacidad real para provocar daños.
Los camaristas también descartaron que los cánticos o consignas políticas pudieran interpretarse, por sí solos, como una instigación a la violencia colectiva. Recordaron que participar de una manifestación o expresar rechazo político no constituye automáticamente un delito y que la presencia simultánea de varias personas en una protesta tampoco demuestra la existencia de un plan coordinado para agredir autoridades.
La resolución dejó sin efecto tanto el procesamiento como el embargo sobre los bienes del imputado y dictó la falta de mérito, una figura que mantiene abierta la investigación pero reconoce que, con las pruebas disponibles, no existe una base sólida para avanzar hacia un juicio.
En la rosca política abundan las épicas construidas al calor del momento. Después llega el expediente, aparecen las pericias, las cámaras y los testimonios cruzados. Y a veces ocurre lo que sucedió en Lomas de Zamora: un caso presentado como un ataque de enorme gravedad termina chocando contra una realidad mucho menos espectacular. Porque entre una narrativa política y una condena penal hay un detalle que nunca debería faltar: las pruebas.
