Javier Milei volvió a encontrarse con esa parte de la política que no entra cómoda en una planilla de Excel. El Gobierno quiere achicar el Régimen de Zona Fría para reducir subsidios al gas y ordenar las cuentas energéticas, pero los gobernadores que tantas veces le prestaron votos decidieron que esta vez la colaboración no será gratis. Antes de acompañar, quieren cobrar las promesas pendientes.
La reforma busca reducir drásticamente el universo beneficiado y concentrarlo en Patagonia, Malargüe y la Puna. Según la Secretaría de Energía, alrededor de 1,6 millones de usuarios perderían el subsidio, mientras otros 1,8 millones permanecerían dentro del esquema focalizado. El cambio también dejaría de subsidiar la factura completa para concentrar la ayuda sobre el consumo de gas.
Sobre el papel, todo tiene una lógica fiscal impecable. El problema aparece cuando ese papel llega al Senado.
Durante la discusión en Diputados, el Gobierno había prometido compensaciones para provincias más cálidas como Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Catamarca, Santa Fe y Misiones, donde el mayor gasto energético pasa por la electricidad. Economía habló de alivios impositivos sobre esas tarifas. Los gobernadores ahora miran el casillero correspondiente y siguen esperando.
El miércoles 12, varios mandatarios se reunirán en Posadas con una tarifa energética diferencial como uno de los asuntos centrales. El mensaje político es bastante sencillo: primero cumplan, después hablamos de votos.
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Hay además otro conflicto. El proyecto contempla mecanismos para ordenar deudas con CAMMESA, pero empresas provinciales y municipales quedaron afuera de parte del esquema. Los mandatarios quieren que también sean incorporadas antes de habilitar una reforma que puede tener costos políticos importantes en sus territorios.
Y ahí cambió el clima.
Durante buena parte del mandato, Milei consiguió avanzar en el Congreso negociando con gobernadores dialoguistas que aportaron legisladores para leyes que el oficialismo no podía sancionar solo. Pero después de los tropiezos alrededor de la extranjerización de tierras y el manejo del fuego, y con una imagen presidencial sostenidamente negativa, esos mismos socios empezaron a revisar la tarifa.
No es ideología. Es poder. Para los gobernadores patagónicos, Zona Fría toca directamente el bolsillo de sus votantes. Para buena parte de la provincia de Buenos Aires ocurre algo similar: numerosos distritos quedaron alcanzados por el régimen y una eliminación del beneficio podría provocar aumentos muy fuertes. En la costa atlántica ya aparecieron facturas que multiplicaron varias veces sus valores anteriores.
Pretender que senadores o diputados de esos territorios voten alegremente un esquema que después deberán explicar en sus provincias supone pedirles un nivel de altruismo político que rara vez cotiza en el Congreso.
El oficialismo enfrenta entonces una contradicción conocida. Cuanto más rígido se vuelve el objetivo fiscal, menos margen queda para lubricar acuerdos territoriales. Y cuanto más necesita votos ajenos, más caros empiezan a resultar.
Los gobernadores lo saben. También saben que Milei hoy necesita más de ellos que hace algunos meses. Por eso congelan proyectos, reclaman compensaciones y esperan.
La reforma de Zona Fría puede terminar aprobándose. Pero ya dejó expuesto algo más importante: el déficit puede recortarse con una firma; la gobernabilidad, no. Cuando el Excel fiscal se encuentra con el Senado, las celdas empiezan a tener nombre, provincia y precio.
