El Peugeot 207 rojo estaba detenido en la esquina de Miguel de Unamuno y pasaje Bermejo, en Villa Fiorito. Adentro, sentado en el lugar del conductor, había un joven muerto. La llamada al 911 llevó hasta allí a una patrulla y abrió una investigación que, desde el primer momento, quedó lejos de la hipótesis de un robo. Franco Damián Martínez tenía 27 años y había sido atacado con varios disparos.
La escena quedó bajo resguardo mientras trabajaban los peritos de la Policía Científica. Junto al vehículo encontraron vainas servidas, una de las primeras piezas materiales de un expediente que todavía intenta reconstruir quién disparó, desde dónde y por qué. No trascendió que faltaran pertenencias ni que el auto hubiera sido sustraído. Para los investigadores, la violencia del ataque y el contexto del barrio conducen hacia otra línea: una posible represalia vinculada con la venta de drogas.
Horas antes del homicidio, personal de la comisaría local y de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas había participado de un procedimiento en el vecindario. La hipótesis que se analiza sostiene que Martínez pudo haber sido señalado por integrantes de una red de comercialización de estupefacientes y asesinado como respuesta a ese operativo. Por ahora se trata de una línea de investigación, no de una conclusión judicial.
Un allanamiento, varios disparos y una trama todavía abierta
La pesquisa quedó en manos de efectivos de la comisaría quinta, la Dirección Departamental de Investigaciones y el área de Inteligencia Criminal. En uno de los primeros procedimientos allanaron una vivienda ubicada a pocos metros del lugar donde apareció el automóvil. Allí viviría un hombre investigado por su presunta relación con el narcomenudeo. Los agentes secuestraron teléfonos celulares que serán peritados en busca de llamadas, mensajes, ubicaciones y contactos capaces de ordenar las horas previas al crimen.
El expediente fue caratulado preventivamente como homicidio y está a cargo de la fiscal Silvina Alejandra Estévez, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4. La fiscalía deberá establecer si el allanamiento previo tuvo una relación directa con el asesinato, qué vínculo tenía la víctima con las personas investigadas y si existieron amenazas o movimientos que permitan identificar a los tiradores.
En estos casos, los teléfonos pueden decir más que los testigos. En barrios donde hablar implica exponerse, la información suele quedar encerrada en una pantalla, una cámara de seguridad o una secuencia de antenas. La tarea judicial será convertir esos rastros en prueba y evitar que la explicación más rápida termine reemplazando a la verdad.
Tampoco corresponde etiquetar a la víctima antes de que la investigación lo determine. Que el crimen pueda estar relacionado con una disputa narco no convierte automáticamente a quien murió en integrante de una banda. Esa diferencia no es un detalle: define si la Justicia investiga a una persona asesinada o si se limita a acomodarla dentro de un relato conveniente.
Villa Fiorito amaneció con una esquina cercada, un auto convertido en escena del crimen y otra muerte marcada por el silencio. Los investigadores buscan a quienes dispararon y tratan de establecer si el ataque fue una venganza por los allanamientos. Pero detrás de la mecánica policial queda una pregunta más incómoda: cuántas veces la violencia logra dictar sentencia antes de que los tribunales siquiera hayan empezado a preguntar.
