El Gobierno quería ampliar el régimen de Inocencia Fiscal, pero descubrió en Diputados que para conseguir los votos primero tenía que ponerle un límite a su propia tropa. La Libertad Avanza aceptó excluir a funcionarios actuales y a quienes hayan ocupado cargos de alta responsabilidad durante los cinco años anteriores de las ventajas centrales del sistema. Sin esa modificación, los aliados no estaban dispuestos a poner la firma.
La concesión permitió reunir 44 adhesiones en el plenario de Presupuesto y Legislación Penal con acompañamiento de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación Federal, Independencia y Provincias Unidas, estas últimas con disidencias. La aritmética parlamentaria volvió a enseñar una regla bastante antigua: cuando no alcanzan los votos propios, la pureza doctrinaria empieza a negociar.
El texto original habilitaba a los funcionarios a utilizar el régimen simplificado y acceder a mecanismos que, para los aliados, podían terminar funcionando como una protección tributaria excesiva. El antecedente político inmediato era demasiado incómodo: la controversia generada alrededor del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni y su adhesión al régimen simplificado anterior había dejado una marca que nadie quería repetir.
La nueva redacción cerró esa puerta. Funcionarios de los tres poderes podrán utilizar el sistema simplificado únicamente para presentar Ganancias y cancelar el saldo correspondiente, pero quedarán afuera de la presunción de exactitud, de las limitaciones a futuras fiscalizaciones y de cualquier otra inmunidad tributaria especial.
También quedarán excluidos de la llamada "discrepancia relevante", el mecanismo que establece márgenes antes de habilitar determinadas acciones de ARCA. La prohibición alcanzará a quienes ocupen cargos públicos y a quienes los hayan desempeñado durante los cinco años previos a su adhesión.
Para conseguir votos hubo que sacar privilegios
La discusión no fue técnica solamente. Fue política desde el primer minuto. Los bloques dialoguistas temían quedar asociados a una ley que pudiera venderse como un blanqueo permanente diseñado, entre otros, para quienes administran el Estado. Y en una Cámara donde el oficialismo necesita sumar voluntades proyecto por proyecto, ese costo se volvió demasiado alto.
La oposición olió sangre rápidamente. Victoria Tolosa Paz aprovechó el cambio para recordar el episodio Adorni y convertir la modificación en argumento contra el Gobierno. La acusación política fue sencilla: si ahora excluyen a los funcionarios es porque reconocieron que mantenerlos dentro era indefendible.
El oficialismo respondió llevando la discusión hacia el objetivo general de la reforma: incorporar dinero que permanece fuera del circuito formal y reducir riesgos para contribuyentes que operan en una economía con niveles elevados de informalidad. Durante el debate, el titular de la UIF, Matías Álvarez, sostuvo que la informalidad alcanza al 48% y defendió el proyecto como compatible con los estándares internacionales de prevención de lavado.
La iniciativa también elimina los topes patrimoniales y de ingresos establecidos en la primera versión. Hasta ahora se exigían ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y patrimonio menor a $10.000 millones. Además incorpora reducciones de multas para pymes, con una baja del 25% en determinadas sanciones y beneficios adicionales para algunas multas todavía no firmes.
Pero el dato político quedó en otro lugar. La Casa Rosada consiguió dictamen porque entendió que no podía pedirles a sus socios que defendieran en el recinto un régimen tributario generoso también para quienes ejercen el poder.
No fue una derrota legislativa: el proyecto avanzó. Pero tampoco avanzó como quería el Gobierno. Para conseguir las 44 firmas tuvo que amputar el artículo que más ruido hacía. En el Congreso libertario empieza a aparecer una nueva doctrina bastante menos épica que la motosierra: cuando los votos no alcanzan, también existe la tijerita.
