Los tribunales suelen ser el lugar al que se llega buscando protección frente a una violencia. Esta vez, la denuncia señala hacia adentro. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) reclamó a la Suprema Corte de Justicia provincial medidas urgentes para proteger a trabajadores y trabajadoras luego de denuncias por presuntos episodios de violencia laboral y de género atribuidos al juez Santiago Márquez, actualmente integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de Lomas de Zamora.
El caso atraviesa uno de los departamentos judiciales más importantes del Conurbano bonaerense y tiene una particularidad que modifica el peso institucional del conflicto: el señalado no es un empleado administrativo ni un funcionario menor, sino un magistrado. Márquez había integrado anteriormente el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Lomas de Zamora y actualmente ejerce funciones en el TOC N°7.
La AJB informó que existen testimonios directos de las personas que denunciaron los hechos y que esas declaraciones ya fueron incorporadas a un procedimiento administrativo actualmente en trámite.
Ese punto obliga a separar dos planos. Las acusaciones deberán ser investigadas y todavía no existe, según la información disponible, una resolución que determine responsabilidades. Pero la ausencia de una decisión definitiva tampoco elimina la obligación de analizar qué protección necesitan quienes denunciaron mientras continúa el procedimiento.
Allí se concentra ahora la presión sobre la Suprema Corte bonaerense.
Cuando la denuncia apunta hacia arriba
La Secretaría de Géneros y Diversidad y la Secretaría Gremial de la AJB solicitaron que se garanticen condiciones de trabajo seguras durante la investigación. El reclamo incluye preservar la integridad física y psíquica de las personas involucradas y evitar represalias o situaciones que puedan colocarlas nuevamente frente a aquello que denunciaron.
No es una cuestión menor dentro de una estructura vertical como la judicial. En un tribunal existen jerarquías concretas, distribución de tareas, evaluaciones, relaciones laborales cotidianas y decisiones que pueden afectar la vida profesional de quienes trabajan allí. Cuando una denuncia involucra a alguien situado en la parte superior de esa estructura, la investigación no ocurre en un vacío.
Por eso el gremio pidió además que el procedimiento sea exhaustivo, imparcial y contemple una perspectiva de género. Si los hechos son acreditados, reclamó que se apliquen las sanciones previstas legalmente.
El planteo instala una discusión incómoda dentro de los propios tribunales. El Poder Judicial exige diariamente a otras instituciones, empresas, funcionarios y ciudadanos que respeten derechos y respondan cuando existen denuncias. Cuando una acusación grave aparece dentro de su propia estructura, esa misma vara necesariamente debe funcionar hacia adentro.
Por ahora hay una investigación administrativa y testimonios que deberán ser evaluados. Márquez conserva, como corresponde, las garantías propias de cualquier persona frente a una acusación. Del otro lado, quienes denunciaron tienen derecho a que el procedimiento pueda avanzar sin que hacerlo implique quedar expuestos laboral o personalmente.
La Suprema Corte bonaerense queda así frente a una cuestión que trasciende el expediente puntual. No se trata de anticipar culpabilidades ni de convertir una denuncia en sentencia. Se trata de garantizar que la enorme diferencia de jerarquía entre quienes denuncian y quien es denunciado no termine decidiendo silenciosamente el resultado antes que la investigación.
En los pasillos judiciales se escucha de todo y muchas historias terminan convertidas apenas en murmullos. Esta ya dejó de ser una de ellas. La AJB llevó el reclamo hasta la máxima autoridad judicial de la Provincia y ahora la pregunta es sencilla: si la Justicia debe ser un lugar donde denunciar una violencia sea posible, esa garantía también tiene que existir para quienes trabajan todos los días adentro de ella.
