AMIA: sigue la impunidad, los delitos y el uso político de la causa

A 30 años del brutal atentado

A 30 años del peor atentado terrorista que sufrió la Argentina, la investigación y la causa AMIA siguen marcadas por la huella indeleble que lo acompañó durante todo el proceso: la impunidad de los responsables y la ausencia de certezas sobre si alguna vez se intentó dar con la verdad. La deuda con las víctimas, los familiares y la sociedad parece cada vez más lejos de ser saldada.

Como todo en Argentina es cíclico, la asunción de un nuevo gobierno como el de Javier Milei toma el tema para simular un ímpetu renovado con recetas conocidas: la última iniciativa oficial de un juicio en ausencia resulta útil para la salida airosa de la efeméride del aniversario, pero su inconstitucionalidad, en el sistema judicial argentino, la devuelven al arcón de los movimientos que no tienen destino. Nada nuevo.

Ante la imposibilidad de avanzar con la investigación se pretende juzgar los hechos tal como están, con responsables prefijados y a miles de kilómetros. Una simulación.

No es lo único viejo que se pretende hacer pasar por nuevo. Hace poco, voceros oficiosos buscar volver a reflotar la desclasificación del “Informe Toma”, un paper elaborado por la CIA con la supuesta conexión internacional con el atentado que fue recibido cuando Miguel Ángel Toma fungió como Secretario de Inteligencia en el interinato de Eduardo Duhalde, a principios de siglo.

En el medio, hubo más de una década en la que la investigación se dirigió a un solo objetivo, Hezbollah, un juicio que anuló toda la investigación porque la SIDE pagó sobornos para que se incrimine a un grupo de policías bonaerenses, un juicio que resultó en condenas para el exjuez Juan José Galeano y los fiscales, entre otros, por haber encubierto la investigación del atentado y otro juicio más en el que resultó absuelto el único acusado principal que tuvo históricamente la causa, el ex reducidor de autos Carlos Telleldín.

Hubo una denuncia por la firma del Memorándum con Irán -elevado a juicio- por parte del fiscal especial de la causa AMIA Alberto Nisman, cuya muerte la justicia determina –también con más dudas que certezas- que se trató de un asesinato y no un suicidio, y que incorporó algunos elementos que la inscriben en el género literario. Una vez más, el expediente quedó tensionado entre la política y la verdad.

En abril pasado, un oportuno pero vacuo fallo de la Cámara de Casación, en una causa conexa que no era la del atentado, dejó caer, en un párrafo de un voto, que se encontraba probado que la República Islámica de Irán fue responsable de los atentados en suelo argentino. Útil para una gacetilla de prensa y para repercusión mediática, pero sin capacidad de constituir prueba indubitable que apuntale una investigación que fue en círculos durante décadas.

La utilización por parte del Gobierno de ese textual para saludar esa declaración no esconde otro misterio que el alineamiento geopolítico que la administración.

En toda esa confusión, hace un mes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado argentino culpable de no haber adoptado las medidas razonables para prevenir el atentado, ocurrido dos años después de la voladura de la Embajada de Israel. LA CIDH dijo lo obvio: que el Estado incumplió su deber de investigar en un plazo razonable y su encubrimiento además de no haber garantizado el acceso real a la documentación existente sobre el hecho. ¿Cómo podría haberlo hecho si existe una sentencia en la justicia local que precisamente menciona que se intentó encubrir el atentado desviando la investigación casi desde el minuto cero? Sobre lo último, siguen cayendo a cuenta gotas retazos de informes, en su mayoría de inteligencia, que aportan todo lo conocido hasta ahora.

En septiembre de 2016, -22 años después del ataque- el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD) de la UFI-AMIA detectó la existencia de un video del Cuerpo Médico Forense que documenta el análisis sobre las autopsias a las víctimas. Ese video jamás había sido agregado a la causa. Un balde abandonado en un freezer de la Policía Federal contenía bolsas con esquirlas metálicas supuestamente extraídas de los cuerpos en el primer análisis de los cuerpos. Tenía una sola etiqueta que lo identificaba, “DAIA”, y adentro una bolsa rotulada "MAT. REMANENTE PER 6730/94 (Esquirlas)". Del análisis de los restos de los vehículos que estaban estacionados en la calle Pasteur al momento de la explosión nada se supo. Mucho menos de aquel espía infiltrado de la Policía Federal Iosi Pérez que filtró planos de la AMIA a sus superiores durante una década de espionaje interno y que declaró e ingresó al programa de protección de testigos hasta, según informó el diario El País, diciembre pasado cuando decidió abandonarlo por temores respecto de las nuevas autoridades argentinas.

En un país circular, el flamante encargado del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA, la nueva SIDE y en rigor encargado de exterior), el licenciado Alejandro Colombo tiene una historia que lo conecta cronológicamente con quien supo ser un testigo estrella del caso AMIA, el vidrioso brasileño Wilson Dos Santos, quien quince días antes del atentado, en 1994, recorrió embajadas y consulados en Milán alertando de que se iba a producir el atentado y luego se escapó hasta ser extraditado desde Suiza, ya en el gobierno de Fernando de la Rúa. Colombo era el delegado de la SIDE en Roma, para ese momento. Nadie, ni siquiera los servicios de inteligencia externos, le llevó el apunte. Colombo fue eyectado en 2006 de su destino como delegado en Madrid, luego recaló en el gobierno porteño y se recicló con Gustavo Arribas en la AFI.