Filicidios en Zona Sur: violencia extrema y vacío estatal en salud mental

En Villa Corina, Avellaneda, el pasillo de la calle Campichuelo se llenó de humo y gritos. Eran las llamas de una casa incendiada de forma intencional por su propia dueña, Natali, tras matar a su bebé de ocho meses. Según los investigadores, lo ahorcó y lo golpeó con un ladrillo. Luego intentó escapar, pero fue detenida. El fuego avanzó sobre las viviendas linderas; por minutos, el barrio estuvo al borde de una tragedia mayor.

El caso descoloca incluso a los que cargan con décadas de trabajo en las comisarías y fiscalías del sur del conurbano. No hay antecedentes de denuncias previas por violencia, pero sí indicios de un cuadro psiquiátrico grave sin atención sostenida. La fiscalía deberá establecer si la acusada entendía lo que hacía y si podía manejar sus actos. El nombre del padre del bebé ni siquiera figura en el expediente inicial.

Un patrón que duele

Días atrás en Lomas de Zamora, donde un hombre mató a su hijo de ocho años durante una visita pactada. Alejandro, de 52 años, atravesaba un cuadro psicótico sin tratamiento. Después del crimen, intentó quitarse la vida. Su ex pareja, madre de Joaquín, rompió el silencio con dos frases en redes sociales: “Vas a arder en el infierno” y “Con Joaquín no”. En esas palabras se condensaban el dolor, la furia y la impotencia ante una muerte evitable.

Ambos hechos comparten un trasfondo: adultos con descompensaciones mentales severas, sin seguimiento ni contención, que terminaron en actos irreparables contra sus propios hijos. En los dos, la Justicia debe ahora no solo determinar responsabilidades penales, sino también explicar por qué el Estado no intervino antes.

Las pericias dirán si hubo inimputabilidad o plena conciencia, pero esa discusión jurídica llega tarde. Lo que queda claro es que la salud mental sigue siendo la hermana pobre de la política pública: recursos escasos, tratamientos discontinuos, articulación débil entre hospitales, servicios sociales y el sistema judicial.

Mientras tanto, en los barrios, la vida cotidiana sigue su curso. La muerte de dos niños en manos de sus progenitores no es solo un drama íntimo, es una señal de alarma. No alcanza con esperar el próximo brote para que un expediente se abra: la prevención, en salud mental, es la única forma de que la Justicia no llegue siempre después.