A casi dos años de asumir, el Gobierno de Javier Milei logró algo que ningún ministro anterior se había animado a institucionalizar: una economía donde el salario real es la variable de ajuste y la pobreza, el ancla nominal.
Según el relevamiento del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, los sueldos y jubilaciones no recuperaron un solo punto de lo perdido desde diciembre de 2023. La inflación, lejos de ceder, encadena su quinto mes consecutivo al alza, y el supuesto “orden macroeconómico” apenas se sostiene con dólar caro, consumo deprimido y transferencias masivas de ingresos hacia los sectores más concentrados.
El costo social del experimento libertario es visible en cada recibo de sueldo. Un trabajador público perdió en promedio el 19 % de su poder de compra, lo que equivale a 8,1 millones de pesos menos desde que comenzó la gestión. En el sector privado, la pérdida es menor, pero persistente: cinco puntos por debajo de diciembre y sin crecimiento durante casi un año. Para un asalariado promedio, eso significa 1,7 millones de pesos evaporados por la inflación.
La licuadora jubilatoria
Si hay un grupo que sintió con crudeza el plan de “equilibrio fiscal”, son los jubilados. Su poder adquisitivo se desplomó 23 % en menos de un año. En plata contante y sonante, cada jubilado perdió cerca de 4 millones de pesos de capacidad de consumo. La fórmula previsional, congelada de hecho por la inflación, transformó la promesa de “terminar con la estafa del pasado” en una nueva estafa de presente.
El deterioro no es lineal: se acelera. Con precios que vuelven a moverse por encima del 2 % mensual y tarifas que presionan desde abajo, el salario medio se achica aunque las paritarias intenten tapar el agujero. En los supermercados, el dato técnico se traduce en la realidad cotidiana: menos changuitos llenos, más góndolas vacías.
Transferencia de ingresos
El modelo Milei se sostiene en una ecuación tan simple como brutal: cada peso que se licúa en el bolsillo del trabajador termina en las arcas de los sectores de mayor rentabilidad.
El MATE calcula que la transferencia de ingresos total asciende a $ 55 billones, concentrada en empresas exportadoras, intermediarios financieros y rentistas del capital. De ese monto, los asalariados resignaron $ 40 billones, la Seguridad Social $ 9,4 billones, las obras sociales $ 4 billones y los sindicatos $ 1,5 billones.
El relato del “déficit cero” se vuelve un chiste de café cuando se observa que el equilibrio fiscal se logra con la plata de quienes no pueden trasladar precios ni fugar divisas. Mientras tanto, los balances de las empresas concentradas exhiben márgenes récord y la brecha social se ensancha al ritmo del dólar financiero.
Inflación sin ancla y un país sin horizonte
La inflación, ese enemigo eterno, lleva cinco meses consecutivos en aumento. No hay “efecto Milei” positivo, ni “ancla monetaria”, ni “expectativa racional” que la contenga. Lo que existe es una inflación de costos sin compensación de ingresos.
Los precios suben porque sube el dólar paralelo, suben las tarifas y porque, sencillamente, las empresas pueden hacerlo.
El argumento oficial —“primero ordenamos, después crece la economía”— se vuelve una excusa recurrente que empieza a agotar la paciencia social. Sin consumo interno no hay mercado, sin mercado no hay inversión, y sin inversión no hay crecimiento.
Milei prometió dinamitar el Estado, pero terminó dinamitando el bolsillo. En la Argentina de la motosierra, los únicos que no sangran son los que facturan en dólares. El resto, jubilados y laburantes, pagan el equilibrio con silencio y deuda de supermercado. Y mientras el Gobierno celebra sus planillas en verde, el país en carne viva sigue escribiendo su balance en rojo.
