Fentanilo, 173 muertes y un ministro que sigue sin aparecer

La Comisión del Fentanilo vuelve a citar a Lugones

La escena se repite como una serie que se quedó sin presupuesto: la Comisión Investigadora del Fentanilo abre la sesión, leen ausencias, y el sillón del ministro de Salud vuelve a estar vacío. Mario Lugones, por tercera vez, prefirió contestar por escrito antes que sentarse frente a los diputados. Y esta vez, la paciencia se evaporó: lo citaron de nuevo “bajo apercibimiento”, es decir, o viene o viene.

La molestia no es capricho. Hay 173 muertes vinculadas al fentanilo contaminado fabricado por HLB Pharma Group y producido por Laboratorios Ramallo. Y un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense confirmó que 38 de 40 historias clínicas analizadas muestran el mismo patrón: infecciones bacterianas asociadas al anestésico adulterado. Cuarenta historias, 38 coincidencias. No es estadística: es un grito.

La presidenta de la comisión, Mónica Fein, abrió la reunión con un tono que mezclaba formalidad y hartazgo. Ayer —contó— avisaron que ni Lugones ni las autoridades de ANMAT asistirían. Y sí, mandaron respuestas. Pero para los diputados, los PDFs sirven para estudiar, no para interrogar. Lo dijo sin anestesia el massista Ramiro Gutiérrez, que acusó al ministro de “desobediencia y ocultamiento” y pidió citarlo de nuevo, esta vez con apercibimiento. Traducido al criollo: ya no quieren excusas, quieren al funcionario sentado en la mesa.

Y ahí la reunión se calentó. El diputado Pablo Juliano (DPS) fue directo al mentón: “Son unos truchos que no dan la cara. ¡Traiganlos de los pelos!”. Sí, lo dijo en pleno micrófono. A veces el Congreso parece un teatro, y otras, un vestuario después de un clásico. Para él, el Estado adulteró un medicamento y la respuesta oficial fue “26 páginas de morondanga”.

Del lado libertario, Gerardo Huesen intentó girar el reflector: pidió citar también al gobernador Axel Kicillof y al ministro Nicolás Kreplak, hermano del juez de la causa. Clásica jugada espejo: si llaman a los nuestros, llamen a los suyos. Pero su compañera de bloque, Silvana Giudici, bajó línea distinta: primero que vengan los funcionarios nacionales. Después vemos.

La izquierda tampoco ahorró munición. Cristian Castillo fue más quirúrgico: “Quien responde por escrito, se está cubriendo”. Y reclamó lo obvio: para una causa de esta magnitud, el cara a cara es imprescindible. No porque les guste el show, sino porque es la única forma de medir contradicciones, silencios, titubeos. Un funcionario leyendo respuestas de pantalla no se pone nervioso; uno sentado frente a una comisión, sí.

Detrás de toda esta rosca hay un dato que late como un tambor: seis meses pasaron desde que ANMAT advirtió sobre la partida contaminada. Medio año. Y en ese tiempo murieron pacientes que entraban al quirófano por cirugías comunes, confiados en un sistema que debería cuidarlos. Las familias siguen esperando que alguien les explique en qué eslabón de la cadena falló el Estado.

El 9 de diciembre, la comisión presentará su informe final. Los diputados lo dijeron sin rodeos: sin la palabra del ministro, el trabajo queda incompleto. El Congreso no quiere un expediente prolijo; quiere saber cómo se quebró el sistema, quién miró para otro lado y qué controles fallaron mientras un medicamento adulterado circulaba por quirófanos de todo el país.

La próxima semana Lugones está citado otra vez. Esta vez con apercibimiento, formalidad que esconde una advertencia política. Si el ministro sigue ausente, no quedará solo como un funcionario que esquiva preguntas: quedará como el rostro del Estado que no estuvo cuando 173 familias necesitaban respuestas. Y eso, en política, pesa más que cualquier informe enviado a las once de la noche.