Federico Sturzenegger descubrió de golpe que desregular también requiere política. Después de meses avanzando con la confianza directa de Javier Milei, el ministro quedó bajo observación dentro de la Casa Rosada tras una secuencia de conflictos que terminó afectando puertos, aliados parlamentarios y algunos de los proyectos emblemáticos de su agenda.
El episodio más explosivo fue el intento de modificar el régimen de practicaje y pilotaje. La medida desató un conflicto que frenó durante más de un día buena parte de la operatoria portuaria, demoró alrededor de 180 buques y puso en riesgo exportaciones vinculadas al agro y Vaca Muerta. Las pérdidas fueron estimadas en unos US$300 millones.
La paradoja fue difícil de ocultar: una desregulación diseñada para facilitar la actividad terminó trabando uno de los engranajes centrales del modelo exportador del propio Gobierno.
La reacción presidencial, según reconstrucciones internas, fue furiosa. Milei llegó a evaluar la salida del ministro cuando entendió que reemplazar a los prácticos no era tan sencillo como parecía desde un escritorio. Armada y Prefectura no disponían del personal habilitado suficiente y además aparecieron problemas potenciales con los seguros de los barcos. Poco después llegó el golpe legislativo.
El Excel llegó al Congreso y se encontró con la política
En el Senado, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada chocó con gobernadores y bloques dialoguistas. Patricia Bullrich terminó retirando dos de los capítulos más sensibles antes de la votación: las modificaciones a la ley de Tierras y al régimen de Manejo del Fuego.
No era un detalle técnico. Eran dos piezas centrales del paquete de Sturzenegger y demostraron que los aliados que acompañaron buena parte de las reformas oficiales también tienen fronteras territoriales, económicas y electorales.
La consecuencia se sintió rápido en Balcarce 50. Karina Milei dispuso que los proyectos futuros pasen primero por la mesa política que conduce junto a Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem, Luis Caputo y otros funcionarios centrales. Sturzenegger tuvo que sentarse allí a explicar su propia hoja de ruta.
Hasta ahora, su vínculo directo con Milei funcionaba casi como una vía rápida. Esa autopista parece haber incorporado peajes.
Todavía conserva iniciativas en trámite. Diputados tiene en carpeta su proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, mientras el Senado analiza reformas societarias y la llamada ley Hojarasca. Más atrás aparece su gran paquete de Desregulación, unas 144 páginas que pretenden intervenir sobre librerías, farmacias, corretaje, navegación, gas licuado y actividades agroganaderas.
El problema es precisamente ese volumen. Cada modificación abre un conflicto con un sector distinto. Libreros, farmacéuticos, profesionales, trabajadores portuarios, productores y gobernadores no leen los proyectos desde una teoría general sobre la libertad económica. Los leen preguntándose qué pierden, qué ganan y quién paga la transición.
Ahí está el déficit político que hoy le reprochan al ministro. Sus iniciativas pueden tener coherencia dentro de una arquitectura económica, pero varias llegaron sin calcular adecuadamente las resistencias, los intereses afectados o la capacidad operativa necesaria para ejecutarlas.
Sturzenegger sigue dentro del Gobierno y Milei todavía reconoce en él a uno de los arquitectos centrales de su programa.
