El Gobierno todavía intentaba apagar el incendio por la Ley de Tierras cuando apareció otro bidón de nafta. Joaquín Benegas Lynch, senador de La Libertad Avanza, amigo de Javier Milei y una de las voces ideológicas del espacio, admitió que es titular de Glocal Terra, una empresa dedicada a administrar campos y asesorar compras de tierras por parte de argentinos y extranjeros. Justo el rubro alcanzado por la reforma que el oficialismo pretendía llevar al Senado.
La información disparó un pedido para que el legislador fuera apartado de la votación por posible conflicto de intereses. Benegas Lynch lo rechazó y sostuvo que cualquier beneficio sería general para todo el sector agropecuario, no particular para su empresa. La defensa deja una imagen difícil de limpiar: el senador que impulsaba una flexibilización también participa del negocio que podía recibir nueva demanda extranjera.
Glocal Terra fue creada en 2020 junto a su esposa, Eloísa Perea Muñoz. La firma ofrece administración, producción y asesoramiento para operaciones con campos. El legislador afirmó que trabaja en el sector desde hace más de veinte años y que su participación figura en la declaración jurada. Una cosa es declarar un interés y otra es votar reglas capaces de modificar el mercado donde ese interés opera.
Una red de negocios que vuelve más pesada la explicación
El problema no termina en Glocal Terra. Benegas Lynch también aparece vinculado a Finca Luracatao S.A., sociedad con extensiones en los Valles Calchaquíes, en zonas de Cachi y Molinos, Salta. Allí existe una disputa con comunidades originarias por la explotación de una mina de oro en tierras asociadas a la empresa. Entre sus socios figura Manuel José Biedma, exfuncionario del Ministerio de Transporte durante el gobierno de Mauricio Macri.
Su recorrido incluye además vínculos con Pampa Partners, inmobiliaria relacionada en su momento con la fundación creada por Douglas Tompkins, y con Pampa Investment SAS, integrada por familiares y antiguos socios. El senador conoce el negocio y se mueve desde hace años en un circuito donde tierra, capital extranjero y explotación productiva se cruzan de manera directa.
La defensa libertaria intentó presentar el planteo como otra maniobra de la vieja política. Pero nadie discute su derecho a tener empresas. El punto es si corresponde que un senador intervenga en una reforma con impacto potencial sobre un sector en el que posee intereses concretos. A veces alcanza con que quien vota tenga algo para ganar si la norma cambia.
El capítulo de extranjerización terminó retirado por falta de votos, pero el daño político quedó. El Gobierno quiso hablar de propiedad privada y terminó explicando por qué uno de sus senadores asesora a extranjeros para comprar campos argentinos. En la Casa Rosada podrán discutir tecnicismos. Afuera, la escena es más sencilla: cuando quien modifica las reglas también participa del negocio, la sospecha no necesita traductor.
