Milei ajusta los controles para acelerar la Ley Bases y el DNU

Actividad parlamentaria

En la antesala del inicio del debate de la nueva “ley de Bases”, el Gobierno sabe que aún no tiene los votos para su aprobación. Este contexto se generó a partir de la tensión persistente entre el Poder Ejecutivo y las provincias por el recorte de las transferencias directas y fondos automáticos para educación, transporte y jubilaciones.

Los tiempos definidos por el presidente Javier Milei y su Gabinete para iniciar el tratamiento de la ley ómnibus retocada fue mediados de abril. Con reuniones con gobernadores y legisladores de diferentes espacios, el oficialismo cambió la estrategia para no cometer los errores del verano y así evitar una nueva derrota en el recinto.

Así las cosas, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se encargó de entablar los vínculos que se perdieron tras la primera caída de la ley ómnibus en febrero pasado. Acompañado por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, mantuvo reuniones con los tres bloques dialoguistas en el Congreso: la UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal.

Además, los diez gobernadores que llegaron al poder de la mano de Juntos por el Cambio se reunirán en el Gobierno el próximo jueves 4 y será en el marco de un clima enrarecido, producto de los contrapuntos en torno a la decisión del Gobierno de cortar los giros que la Anses le realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. 

Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gustavo Valdés (Corrientes), ya habían reclamado el retraso en los pagos y advirtieron una vez más sobre la posibilidad de ir a la Justicia.

Del mismo modo, Francos trató de bajarle el tono a la discusión y precisó que “las partidas están” pero que “se reasignaron”, la puja entre la Nación y las provincias condiciona la discusión del paquete fiscal de la nueva “Ley de bases”. La reimposición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias así como la reforma previsional son dos temas espinosos que todavía no tienen los voluntades aseguradas. Se da a la par de la pretensión de algunos gobernadores de coparticipar una porción del impuesto al cheque, algo que la Casa Rosada se niega a conceder.

La reforma laboral, incluida en el DNU 70/2023 y suspendida por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, podría ser incorporada por el Poder Ejecutivo en la nueva iniciativa. Fue una petición de los bloques “amigos” al Gobierno, que ven en la presentación de “leyes espejo” la posibilidad de salvar del megadecreto las medidas que ellos consideran más virtuosas.

A pesar de que el Poder Ejecutivo apuró el dictado del DNU 274/2024 ante la presión opositora, eso no desactivó la discusión para imponer una recomposición mayor en el Congreso. El Gobierno buscó empalmar la fórmula vigente –que combina variación salarial y la recaudación de la Anses– con la nueva modalidad de actualización por el índice de precios al consumidor (IPC), que se aplicaría recién en julio.

Este mecanismo de transición que diseñó el Gobierno para los meses de abril, mayo y junio, que preserva las cuentas fiscales del ministro de Economía, Luis Caputo, resulta insuficiente para la oposición, que pretende que el Gobierno contemple el poder adquisitivo perdido durante enero, cuando se registró un 20,6% de inflación.

Por eso, la presidenta de la comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, la radical Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba), anticipó que motorizará la discusión de los 16 proyectos en juego. Se espera que durante la primera semana de abril se cite a los funcionarios del área correspondiente para abrir el debate. Su cronograma de trabajo apunta a emitir dictamen para finales del mes. No obstante, este despacho podría encontrar un freno en la comisión de Presupuesto, liderada por el flamante diputado oficialista, José Luis Espert (Buenos Aires), quien se negó a trabajar en un plenario para acelerar el trámite parlamentario. Su aprobación en el recinto sin el aval de esta última comisión necesitará de una mayoría especial.

Se le suma el rechazo de Unión por la Patria a la decisión del Gobierno de pagar en dos tramos las jubilaciones y pensiones del mes de abril. Su jefe de bloque en Diputados, Germán Martínez, adelantó que buscará obtener un dictamen de comisión donde se prohíba este desdoblamiento.

La resistencia al megadecreto de desregulación de Milei, impulsada por el kirchnerismo, el peronismo disidente y algunos los gobernadores patagónicos desde el Senado, encontró un freno en Diputados. Sin los votos para su rechazo definitivo, tanto la izquierda como Unión por la Patria no evalúan por ahora pedir una sesión especial para llevar su discusión al recinto, aunque sí buscarán descontar la veintena de voluntades que le faltan para voltear la medida.

La UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal cuestionan la constitucionalidad de la herramienta del Gobierno. No obstante, evitarán por ahora sumarse a la ofensiva de rechazo del kirchnerismo y oponerse a un presidente que todavía cuenta con altos índices de aprobación. Utilizarán su posición intermedia como una prenda de negociación tanto con la Casa Rosada como con la oposición intransigente.

En el borrador de la nueva “Ley Bases”, el Ejecutivo contempla una reducción de las emergencias por las que busca tener poderes especiales: de las once facultades delegadas reclamadas originalmente, pretende ahora cuatro autorizaciones del Congreso. Pero un núcleo duro de alrededor de 119 diputados renuentes a otorgarle estas prerrogativas a la Casa Rosada está a solo a diez voluntades de frenar las aspiraciones del Presidente en el recinto.

A Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica, los socialistas y los cinco díscolos de la UCR podrían acompañarlos un puñado de radicales cercanos al presidente del partido, Martín Lousteau, que está en una guerra declarada contra Milei y su tropa. La misma actitud podrían adoptar los dos diputados cercanos al gobernador santacruceño, Claudio Vidal, que mantiene una silenciosa batalla con la Casa Rosada por los 1800 despidos en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cépernic, paralizadas por falta de financiamiento.

El proyecto de ley ómnibus “bis” podría incluir el capítulo de la reforma laboral que contemplaba el DNU y que fue frenado por la Justicia. De hecho, el jefe de bloque Pro, Cristian Ritondo, satélite de la bancada oficialista, presentó junto a sus pares una iniciativa en este sentido. El impulso de “leyes espejo” es respaldado por UCR y Hacemos Coalición Federal, que buscan con este mecanismo blindar las medidas del DNU que pretenden salvar.

En el proyecto se busca, entre otras cosas, ampliar el período de prueba, incentivar y simplificar la registración laboral con beneficios en las cargas sociales, y declarar servicios esenciales a áreas claves para sortear el peso de los reclamos sindicales y garantizar su prestación.

Este punto quiebra la lógica de partidos y divide las posturas por zonas geográficas. Mientras que los gobernadores del norte estarían dispuestos a compensar sus rojos fiscales con este tributo coparticipable, los patagónicos se niegan de plano porque afectaría a casi toda su población activa. Los del centro, en tanto, liderados por el cordobés Martín Llaryora, buscan subir el mínimo no imponible y hablan de convertirlo en un impuesto a las grandes fortunas.

Los más refractarios a reimponer el tributo son los patagónicos de Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz, los mismos que en el Senado bajaron línea a sus legisladores para que rechazaran el megadecreto de Milei. Como compensación, quieren coparticipar una porción del impuesto al cheque o una parte del impuesto PAIS. Ninguna de estas dos opciones es bienvenida por el Poder Ejecutivo, que mira con lupa las cuentas fiscales para avanzar en su proyecto económico.

Las negociaciones por este punto están estancadas. Por eso, Francos viajó a Salta la semana pasada y se mostró solícito al pedido de los mandatarios para que la Nación reactive las obras públicas, frenadas desde el desembarco libertario en la Casa Rosada.