Militantes libertarios atacaron a estudiantes de la UNQ y se extiende el conflicto

El rector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Alfredo Alfonso, adelantó por la 750 que van a denunciar penalmente al joven militante de La Libertad Avanza que irrumpió durante una asamblea de estudiantes y trabajadores y los atacó con un gas pimienta el lunes por la noche. 

Alfonso afirmó en primer lugar que este tipo de hechos violentos no tienen ningún precedente en los 35 años de funcionamiento de la universidad. “Es la primera vez que sufrimos un acto de violencia de este tipo, y coincide con el día en que personas ajenas a la institución”, afirmó.

Alfonso apuntó a “personas cercanas a la concejala de Quilmes Estefanía Albasetti que estuvieron en la universidad intentando impedir el funcionamiento de una asamblea estudiantil que estaba programada”. Por lo tanto, en este sentido, afirmó directamente a las personas que se acerquen a esta información: “En ese contexto, cualquiera puede sacar sus conclusiones de por qué justo ese día tuvimos estos incidentes”.

El rector comentó que gracias al material recabado en videos y testimonios avanzarán con las medidas legales correspondientes para esclarecer los hechos en la Justicia.

“Hemos detectado, luego, que una persona que estuvo en la puerta de Télam cuando se cerró el organismo, agrediendo a los trabajadores, ayer sacó un gas pimienta y roció a las personas”, señaló Alfonso. Y añadió: “Esa misma persona está en la tapa de Clarín diciendo que los habían agredido. Esto está documentado y vamos a hacer la denuncia penal correspondiente”.

En paralelo, se manifestó tranquilo de que este tipo de incidentes no van a afectar el apoyo social a la universidad: “El lazo social es muy importante. Así se demostró el 2 de octubre”.

“Esa sociedad sigue acompañando y queriendo a su universidad pública; la ven como la única referencia de la movilidad social ascendente. El vínculo con la sociedad va a continuar”, finalizó.

Milei echa nafta al fuego

Los datos duros y comprobables desmienten cada una de las afirmaciones que el presidente hizo en las últimas semanas, desde que a la universidad van los ricos, pasando porque no colaboran con la movilidad social hasta noticias falsas ya desmentidas, como que un rector tiene un chofer personal que cobra 13 millones de pesos de sueldo. Sobre las auditorías, además, Milei no solo ignora la Constitución, sino que pasa por alto que su gobierno no cumplió con las obligaciones que tenía para que las auditorías actuales se puedan hacer de forma normal. 

“La verdad incómoda en la Argentina es que la universidad pública nacional no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y de la clase alta y media alta, en un país donde la gran mayoría de los niños son pobres". Más que una verdad incómoda es una falsedad: de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, dos de cada tres estudiantes de universidades públicas son decil 1-6 (los que tienen más necesidades insatisfechas, con ingresos por debajo de los 700 mil pesos). Y el 48 por ciento de los estudiantes de universidades públicas están por debajo de la línea de pobreza. b¿Clase alta? Apenas un 15 por ciento son de clase media alta o alta, como señalaba Milei, según relevó el senador provincial Martín Barrionuevo.

Según un informe de la consultora exQuanti -también en base a la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, es decir, datos oficiales del Estado que el presidente debería conocer- el índice de pobreza entre los universitarios subió 14,7 puntos en apenas tres meses. En septiembre del 2023, los alumnos pobres eran un 27,9 por ciento y a fin del primer trimestre de 2024 ese porcentaje trepó 20 puntos.

"La universidad dejó de ser una herramienta de movilidad social para ser un obstáculo para la misma”. Los datos, nuevamente, no acompañan esta afirmación del presidente. En base a datos publicados por el Ministerio de Capital Humano (de nuevo, son las fuentes oficiales las que desmienten a Milei) el sitio Chequeado hizo un relevamiento de cuántos de los que ingresan son primera generación de universitarios.

Según los datos del propio Gobierno, en promedio, el 47,8 por ciento de los inscriptos en 2022 (último dato disponible) era primera generación de universitarios en sus familias. Y ese porcentaje sube a 62,3 por ciento si solo se cuenta a quienes respondieron sobre la instrucción de sus padres.

Según la zona y la universidad ese porcentaje varía ampliamente. Por ejemplo, el Gobierno destacó que la Universidad de Buenos Aires (UBA) tiene un 38,56 por ciento de ingresantes que son primera generación de universitarios, dato que le sirvió para afirmar que eran todos elitistas. En cambio obvió datos como los de la Universidad de José C. Paz, que tiene un 75,42 por ciento de primeros universitarios, o la Arturo Jauretche, en Florencio Varela, con un 75,53 por ciento de primeros universitarios, así como la de Lanús (70,71 por ciento) o la de La Pampa (72,06 por ciento)

Según un estudio sobre trabajo informal, también basado en datos del INDEC, "a mayor nivel educativo, alcanzado menor es la incidencia de la informalidad". La tasa entre los asalariados con nivel educativo universitario completo en el primer trimestre de 2024 fue del 15 por ciento; algo más de 20 puntos porcentuales adicionales (36 por ciento) fue la tasa entre los asalariados con nivel educativo intermedio (secundario completo o universitario incompleto), para alcanzar el 54 por ciento entre los asalariados que no completaron la educación media. Sin educación, es cuatro veces más probable que una persona tenga un trabajo no registrado.

Lo mismo se comprueba para los que no tienen trabajo: quienes tienen educación superior completa tienen una tasa de desocupación del dos por ciento, en promedio, sobre los últimos 20 años, mientras que alguien con el secundario incompleto tiene tres veces esa tasa: 6 por ciento.

Ningún dato oficial acompaña esta afirmación de Milei, que para colmo es rechazada por el 80 por ciento de los encuestados en un reciente estudio de Zuban - Córdoba.

"Si no quieren ser auditados es porque están sucios. No quieren las auditorías para seguir defendiendo el robo”.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se cansaron de desmentir esta afirmación: remarcan que las universidades son auditadas de manera interna y externa por la Auditoría General de la Nación (AGN), y luego se suben los resultados a las páginas web de cada institución.

Pero peor fue la estocada que le dio a Milei el PRO cuando señaló en un comunicado que fue el propio Gobierno el que no cumplió ninguno de los pasos formales para avanzar con las auditorías este año. 

La Constitución y la Ley de Educación Superior establecen que las universidades nacionales deben ser controladas por la AGN, que depende del Congreso (este año, por ejemplo, está auditando a seis universidades nacionales). Pero Milei no quiere que la controlen los organismos que establece la Constitución, sino Sandra Pettovello, con un sistema de auditoría inventado ad hoc para la ocasión.

Por eso, ahora está negociando con el PRO para volver a habilitar a la SIGEN -que depende del Ejecutivo- para que haga auditorías. Ese organismo fue limitado en 2022 para invervenir en auditorías a universidades a partir de un dictamen del ex procurador del Tesoro Carlos Zannini. No obstante, ese dictamen dejó abierta la posibilidad de que las universidades hicieran acuerdos con la SIGEN para que las audite, cosa que hicieron -por ejemplo-  las universidades de Tres de Febrero y de San Martín.