Argentina aprobó el examen de “lavado de dinero” y no es “mercado gris”

La licencia de poner tantos signos de exclamación es a fin de reflejar el entusiasmo que generó este jueves, cerca del mediodía, en quienes siguieron de cerca todo el proceso, la noticia de que el GAFI aprobó la evaluación sobre la Argentina y decidió no incluir al país en la lista gris.

Actualidad24/10/2024
NOTA BLANQUEO

El Gobierno está muy entusiasmado con la novedad y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien encabeza el grupo de funcionarios que viajó a París, festejó que, “gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina ha evitado caer en la lista gris del GAFI”.

Asimismo, resaltó que, “desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”. El informe del GAFI, revisado por más de 200 jurisdicciones, destacó “el cumplimiento técnico de los estándares internacionales y la efectividad de las medidas adoptadas bajo la administración de Javier Milei”, según corroboró Cúneo Libarona.

Lo cierto es que las políticas de combate de lavado de activos son de largo plazo y esta evaluación del GAFI se hizo sobre los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández y tres meses del de Javier Milei. Es por eso que la abogada Julieta Pignanelli destacó a este medio: "Zafamos de la lista gris del GAFI, el gobierno anterior hizo buena gestión con la Evaluación Nacional de Riesgos y los beneficiarios finales. Fue una gran labor de Jimena Zicavo y Eugenia Marano".

No obstante, algunas correcciones legislativas clave las encaró este gobierno. Se avanzó en la aprobación de la reforma del Código Penal, que agrega sujetos obligados, tales como proveedores de servicios de pago, exchanges y abogados, entre otros y aumento las sanciones.

Y, según explica el contador público, consultor y conferencista internacional en materia de prevención del lavado, Daniel Perrotta, "esto responde a que, si bien la evaluación corresponde a la gestión del gobierno anterior, la caída en la lista de demérito hubiese generado impactos negativos sobre el desarrollo de negocios internaciones e inversiones de la actual".

Y es que, tal como explica a este medio Emilse Córdoba, directora de Bell Inversiones, "para el Mercado Argentino caer en la lista gris hubiese sido muy dañino ya que, al formar parte de esta lista toda la estructura bancaria, financiera y legal se vería modificada". Esa nómina incluye a aquellos estados que, como Venezuela y Mónaco, no colaboran en el combate contra los capitales producto de delitos financieros. Otros países incluidos son Croacia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Haití, Namibia, Nigeria, Senegal, Siria, Vietnam y Yemen.

Cuando un país entra en la lista gris del organismo internacional que fija las recomendaciones para todo el mundo de prevención y combate de lavado, "automáticamente, el riesgo de cada persona física y jurídica que reside y opera en ese mercado se eleva, y las entidades del exterior deben aumentar sus tareas de Debida Diligencia y hasta pueden tomar la decisión de no vincularse con argentinos".

Por otro lado, Córdoba menciona que también el riesgo de evaluación de la deuda emitida, tanto por agentes públicos y privados, se vería modificado y, ante esto, es muy probable que ocurran ventas masivas de los distintos agentes externos que por sus Manuales internos no pueden invertir en los países con calificación para entrar en la lista gris.

 

Evaluación del GAFI: Argentina tendrá tarea para el hogar

Por suerte, el fantasma de la lista gris quedó ahuyentado para la Argentina, pero Perrotta advierte que, ahora, resta esperar el informe completo, lo que podríamos llamar "la letra chica", en la que se definirán algunos aspectos que el Gobierno debe revisar, tales como:

-La real autarquía de la Unidad de Información Financiera (UIF),

-La vuelta de la UIF a participar como querellante en las causas de corrupción (desactivada durante la gestión anterior),

-Mejoras en la eficiencia de la justicia (la principal debilidad de Argentina),

-Extensión regulatoria de los enfoques basados en riesgo a todos los sujetos obligados y seguimiento del Blanqueo.

 

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