Celulosa Argentina, al borde del colapso

Con más de 100 años de historia, Celulosa Argentina, la principal empresa papelera del país, atraviesa una crisis que amenaza su propia existencia. Esta semana, la compañía comunicó oficialmente que debió detener completamente las operaciones de sus plantas en Zárate (Buenos Aires) y Capitán Bermúdez (Santa Fe), lo que afecta a unos 1.500 trabajadores. La situación es crítica: una deuda acumulada de 130 millones de dólares, ventas locales desplomadas en un 35% y un costo operativo en dólares que se volvió imposible de sostener.

Mientras los balances en rojo se acumulan, la empresa busca contrarreloj un socio o inversor que inyecte capital fresco. La alternativa, si no aparece ese salvavidas financiero, sería una reestructuración forzada que puede derivar en concurso o quiebra. En paralelo, más de $20.000 millones en cheques sin fondo y compromisos impagos activan una presión judicial que se acelera semana tras semana.

La crisis no es nueva, pero en los últimos meses se profundizó con la caída general del consumo interno, la recesión industrial y el incremento de los costos energéticos, logísticos y financieros en dólares. Un combo explosivo para una empresa que opera con márgenes bajos y depende en gran parte de la demanda nacional.

Una postal del deterioro industrial argentino

Celulosa Argentina no es una pyme de barrio ni una empresa reciente. Forma parte de la columna vertebral de la industria nacional, con integración vertical desde el desarrollo forestal hasta la elaboración de papel y derivados. La planta de Capitán Bermúdez, en el cordón industrial del Gran Rosario, es símbolo de un modelo productivo que supo generar empleo, inversión y desarrollo regional. Hoy, ese emblema está parado, sin producción, y con los empleados haciendo mantenimiento básico para no perder las instalaciones.

El panorama se agravó cuando la empresa —controlada por el grupo Tapebicuá, vinculado al empresario José Urtubey— decidió vender parte de sus activos forestales en Corrientes para cubrir deudas urgentes, pero no logró revertir la curva descendente. En mayo, cayó en default. En junio, presentó una propuesta de reestructuración con acreedores, que todavía no cerró. En julio, fue formalmente demandada por quiebra.

La compañía propuso postergar pagos de capital por dos años, ofrecer tasas de interés reducidas y subordinación del cobro por parte del accionista mayoritario. Pero los números no acompañan: solo entre abril y junio acumuló compromisos por más de 25 millones de dólares. La mitad de la deuda total vence en el corto plazo. Y las pérdidas, según el último balance, superan los 38 mil millones de pesos.

Una economía que castiga a quien produce

La historia de Celulosa Argentina es el espejo donde hoy se mira buena parte del aparato industrial argentino. Un esquema macroeconómico que promueve la valorización financiera por sobre la producción, un tipo de cambio que castiga a quienes tienen costos en dólares pero venden en pesos, y una recesión que ahoga la demanda.

En ese contexto, el problema no es solo la caída de Celulosa: es el símbolo de un modelo que pone en jaque a industrias básicas que sostienen empleo, valor agregado y cadena de proveedores locales. Cuando el papel escasea, no solo se frena la imprenta. Se resiente todo: educación, envases, alimentos, editorial, comercio. La matriz económica se fragmenta.

En tiempos donde se premia la especulación y se castiga la producción, el caso de Celulosa Argentina no es un accidente: es consecuencia directa de un modelo que olvida a quienes sostienen la economía real. No hay papel sin árboles, pero tampoco sin trabajo. Y si la industria sigue apagando sus máquinas, lo que se quema no es solo una planta: es la idea misma de desarrollo. La pregunta es quién va a escribir la próxima página si el país se queda sin papel, sin empresas y sin futuro.