Quilmes: familia y amigos de Lautaro Abregú marcharon al Juzgado

La mañana del viernes pasado, Quilmes fue escenario de un reclamo que viene creciendo desde junio: justicia por Lautaro Abregú. El joven, de 22 años, murió en la madrugada del 6 de junio cuando un patrullero de la Policía Bonaerense circuló a contramano, sin luces ni sirenas, y lo embistió en la avenida Pasco, en San Francisco Solano. El impacto fue fatal.

Frente a los Tribunales de Quilmes, familiares, amigos, vecinos y estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes se concentraron para exigir un cambio en la carátula judicial: de “homicidio culposo” a “homicidio doloso”. El cambio no es menor: implica que la Justicia investigue si hubo intención o conciencia del riesgo al momento del hecho. Para la familia, la forma en que se produjo el atropello descarta la hipótesis de un accidente.

El viernes, sin embargo, el reclamo estuvo acompañado por un hecho que generó malestar: varios asistentes denunciaron la presencia de personas armadas, vestidas de civil, sin identificación oficial, y patrulleros sin patente merodeando la zona. Algunos manifestantes señalaron que fueron fotografiados y filmados por estos efectivos.

Un caso que expone fallas de control

La investigación judicial busca determinar las responsabilidades de tres policías: Martín Mariescurrena, Nicolás Ledesma y Verónica Alejandra Jiménez. La fiscalía avanza con la reconstrucción del hecho, aunque la familia considera que el proceso es demasiado lento.

El municipio de Quilmes, gobernado por Mayra Mendoza, no acompañó públicamente la movilización. Desde el entorno familiar señalan que, aunque han recibido apoyo de vecinos y organizaciones, esperan un respaldo institucional más claro, sobre todo para garantizar que las fuerzas de seguridad actúen con protocolos y supervisión.

La muerte de Lautaro se suma a otros casos recientes en los que patrulleros en maniobras peligrosas terminaron con víctimas fatales. Las organizaciones de derechos humanos insisten en que este tipo de episodios no solo requieren sanciones individuales, sino también una revisión profunda de la capacitación, las prácticas y los controles internos de la fuerza.

En San Francisco Solano, el recuerdo de Lautaro está presente en las paredes pintadas con su nombre y en cada actividad que organiza su familia. La última movilización no fue solo un reclamo judicial: también fue un acto de comunidad, con amigos de la infancia, compañeros de trabajo y estudiantes que lo conocieron, acompañando a sus padres y hermanos.

El pedido es claro: que la Justicia avance, que el proceso sea transparente y que ningún joven más muera por una acción policial fuera de control. El caso de Lautaro no es solo una tragedia personal; es una señal de alerta sobre la necesidad de que las instituciones respondan, se controlen y actúen para proteger a quienes dicen cuidar.