La Ley de Buen Trato cumple tres años

Protección de los chicos en Provincia

Hace tres años la provincia de Buenos Aires sancionó una norma que parecía obvia, pero que en realidad vino a cubrir un vacío: garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de maltrato. Desde entonces, la llamada Ley de Buen Trato se fue extendiendo como una red silenciosa por todo el territorio bonaerense. Hoy ya alcanzó a más de 5.700 personas capacitadas, con presencia en 60 municipios y articulación con más de 350 organismos públicos y comunitarios.

El espíritu de la ley es claro: ubicar a las infancias como sujetos de derecho. No se trata de un discurso, sino de poner en práctica espacios de diálogo, talleres y capacitaciones que ayuden a reconocer las violencias naturalizadas —los gritos, los golpes, el destrato— y a promover vínculos más respetuosos. En palabras simples: ayudar a que crecer no sea sinónimo de sufrir.

El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia es el encargado de llevar la ley al territorio. Allí, los equipos de trabajo se metieron en escuelas, casas de abrigo, hogares convivenciales y municipios de la Primera y la Tercera Sección electoral, pero también en pueblos más alejados. El resultado es una red de capacitadores y referentes que trabajan en contacto directo con docentes, policías, jueces, profesionales de la salud y, sobre todo, familias.

La clave está en que la ley no nació desde un escritorio, sino desde el territorio. Fue impulsada por recorridas, charlas y encuentros comunitarios que recogieron voces diversas antes de llegar al recinto legislativo. Por eso, hoy las capacitaciones no suenan a imposición, sino a construcción colectiva: madres que cuentan lo difícil que es criar sin violencia, docentes que comparten sus estrategias en el aula, profesionales que abren la mirada sobre los derechos de las adolescencias.

Los números cuentan una parte: 70 municipalidades, 77 servicios locales, 26 casas de abrigo, 78 hogares convivenciales y 18 centros de referencia se sumaron a la implementación. Pero lo más importante está en lo intangible: la posibilidad de que un chico de un barrio periférico tenga con quién hablar cuando siente que algo anda mal; que una adolescente encuentre un espacio donde sus palabras no sean minimizadas; que una trabajadora social tenga respaldo para intervenir cuando detecta un caso de maltrato.

La provincia eligió consolidar esta política en un contexto nacional adverso, donde abundan los discursos de odio y se recortan recursos para niñez y adolescencia. Ese contraste vuelve más evidente el valor de la ley. No es un logro de marketing: es un escudo concreto en los barrios frente a un clima que muchas veces castiga a los más chicos.