Coimas de ANDIS: el celular de Spagnuolo con “borrado especial”

Suspicacias de interferencia israelí

El caso que sacude al gobierno de Javier Milei empieza a tomar la forma de un thriller político-judicial con ribetes internacionales. Los peritos que trabajaron sobre los teléfonos del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, confirmaron lo que todos sospechaban: no hay rastros porque hubo un “borrado especial” imposible de revertir. 

El amigo y ex abogado del Presidente, devenido funcionario y luego eyectado en medio del escándalo, se ocupó de blindar sus chats con Milei y Karina, la hermana todopoderosa. Y como si la trama necesitara más capas de sospecha, la empresa elegida para intentar recuperar los datos es Cellebrite, una firma israelí con historial de acusaciones por espionaje y persecución de opositores.

Un borrado quirúrgico y la sombra israelí

Los especialistas de la DATIP, brazo tecnológico del Ministerio Público Fiscal, pudieron ingresar a uno de los celulares de Spagnuolo. Encontraron conversaciones, sí, pero ninguna de relevancia: lo importante estaba eliminado. Y no de cualquier forma. El “borrado especial” usado impide la recuperación tradicional. Traducido: lo que Spagnuolo no quería que se supiera, no se va a saber. O al menos no de su celular. 

Para completar la escena, el fiscal Franco Picardi derivó el trabajo a Cellebrite, la compañía israelí que se vende como la solución forense más efectiva, pero cuya historia está marcada por denuncias de espionaje y de colaborar con agencias de inteligencia como el Mossad o el Shin Bet. Y aquí la ironía: los Kovalivker, dueños de la Suizo Argentina y señalados como intermediarios de las coimas, también son ciudadanos israelíes. ¿Coincidencia o guiño de realpolitik?

La Suizo, la poesía y el despegue oportuno

Mientras los fiscales chocan contra la muralla digital, los Kovalivker parecen jugar a dos puntas. Cuando la Policía llegó a Nordelta, Emmanuel intentó fugarse con dólares y pesos en efectivo; Jonathan vació la caja fuerte.

Después, entregaron celulares apagados y sin claves, dejando a la Justicia mirando pantallas negras. En paralelo, el patriarca Eduardo Kovalivker, dueño de la Ferrari y poeta con varias publicaciones, recibió un inesperado mimo político: Patricia Inés Glize, legisladora del PRO cercana a Bullrich, impulsó un proyecto para declararlo personalidad destacada de la cultura porteña.

El timing es tan absurdo que parece un sketch. Justo cuando su empresa aparece en audios de Spagnuolo como engranaje del circuito de sobornos, aparece una iniciativa legislativa para celebrarlo como escritor sensible. O torpeza política de manual, o un mensaje sutil  de desentenderse de la acusación contra la influyente empresa. 

La defensa de los Kovalivker ya juega fuerte: pidió la nulidad de la causa alegando cosa juzgada, porque la empresa había sido investigada antes y el expediente se cerró. Lo cierto es que ahora el expediente lo conduce el juez Sebastián Casanello bajo secreto de sumario, con Poder Ciudadano aceptado como querellante. El tablero es espinoso: un funcionario cercano a Milei, empresarios con doble nacionalidad, audios comprometedores y un software israelí que, más que traer luz, enreda la oscuridad.

En este contexto, Spagnuolo tantea la carta del arrepentido. Designó abogados con experiencia en ese terreno, pero todavía no fue imputado. Su silencio —y el vacío digital de sus teléfonos— le compran tiempo. 

El gobierno, mientras tanto, se refugia en el discurso de la operación política y en la defensa pública de la Suizo Argentina, a la que Milei no dudó en retuitear. Una estrategia de control de daños que choca contra la evidencia de las propias maniobras de encubrimiento: celulares sin claves, cajas fuertes vacías y un borrado tan quirúrgico que parece diseñado en un laboratorio de seguridad, no en la oficina de un funcionario caído en desgracia.

El caso Spagnuolo es más que un escándalo por coimas: es la radiografía de un poder que se protege a sí mismo incluso en sus momentos de debilidad. Los teléfonos borrados son metáfora perfecta: donde debería haber transparencia, sólo hay pantallas en blanco. 

Y mientras la política juega a homenajear poetas con Ferrari, la Justicia persigue fantasmas encriptados. La pregunta final es obvia y punzante: ¿se trata de simples torpezas de timing o de la forma más elegante que encontró un sector del poder para despegarse de un escándalo que amenaza con salpicar al corazón mismo del gobierno libertario?

Cellebrite: los tentáculos forenses de Israel

Fundada en 1999 en Petah Tikva (Israel), Cellebrite se presenta como una firma líder en análisis forense digital. Su producto estrella, el UFED, promete recuperar datos eliminados de teléfonos y acceder a redes wifi, datos de geolocalización y hasta la nube de dispositivos móviles y GPS. Una promesa de transparencia que, en la práctica, abrió la puerta a un mercado global de espionaje encubierto.

En 2018, el diario Wired reveló que gobiernos europeos como Alemania y Dinamarca usaron su software para extraer datos de refugiados y solicitantes de asilo, incluso recuperando historiales de navegación borrados. El Reino Unido fue más lejos: su policía accedió a mensajes de WhatsApp y búsquedas digitales de migrantes.

La tecnología también sedujo a Donald Trump, que invirtió dos millones de dólares en equipar a la policía de frontera con Cellebrite para hackear móviles de periodistas y migrantes en México. En Honduras, la policía recibió cursos para operarlo bajo amenaza de recortes de ayuda internacional.

En Asia, India intentó usarlo para espiar redes sociales de sus ciudadanos, mientras que gobiernos de China, Vietnam, Myanmar y Bangladesh se sumaron a la lista de clientes. Investigaciones en Israel mostraron que Rusia y Bielorrusia también recurrieron a esta tecnología para perseguir opositores, minorías y colectivos LGTBIQ+.

África y Medio Oriente tampoco quedaron al margen: Turquía, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Ghana, Botswana, Uganda y Nigeria lo usaron contra periodistas y activistas. En paralelo, la web corporativa de Cellebrite presume de su colaboración con fuerzas de seguridad en Argentina, Colombia, Brasil y México. 

El negocio es simple: convertir la necesidad de pruebas digitales en contratos millonarios, aunque el límite entre justicia y control social quede peligrosamente difuso. Una cosa es cierta: Israel no entrega a sus ciudadanos. 

El borrado especial blindó las charlas entre Spagnuolo, Milei y Karina: la caja negra del escándalo sigue cerrada. La empresa que se ocupó de la tarea levantas suspicascias.