Inseguridad alimentaria, apertura y demanda en caída
La épica dura un domingo; el changuito, toda la semana. La Argentina pos-electoral trae la postal de un oficialismo con votos frescos y un Congreso más amigable para su agenda. Pero, detrás del afiche, la economía real dejó de hablar en futuro perfecto: 15,2% de los trabajadores del país no asegura la comida diaria. No es una cifra suelta: es una realidad que atraviesa registros, categorías y credenciales. 9,3% padece inseguridad alimentaria moderada y 5,9% severa, con un agravante que incomoda el slogan de “el trabajo te saca de la pobreza”: 7,4% de los asalariados formales también está dentro del problema. En la economía no registrada, el golpe es brutal: 25,3%. Y si sumamos escolaridad y precariedad, la pendiente se vuelve pared: 34% en quienes tienen secundario incompleto e informalidad, contra 2,8% en universitarios con empleo registrado. No es moral: es estructura.
La calle dejó de discutir teorías y pasó a negociar tarjetas. A niveles que ya nadie disimula, hogares con empleo estable pagan alimentos en cuotas, mientras el salario mínimo —congelado en $322.200— se recortó más de un tercio en términos reales entre noviembre y abril. Las canastas oficiales dicen que en septiembre una familia de cuatro necesitó $1.176.852 para no ser pobre y $527.736 para no ser indigente. El salario promedio estable rondó $1.530.297 en agosto. La aritmética parece cerrar, hasta que uno mira la factura de gas y los débito automáticos: ahí se cae el Excel.
La foto detrás del relato de victoria
El oficialismo exhibe un 31,6% de pobreza: un número que conmueve menos por lo que dice y más por lo que no mide. La metodología es ingresos-centrista y deja afuera educación, salud, vivienda, servicios y calidad de empleo. En un país donde una de cada tres familias no tiene casa propia (Censo 2022), y la estructura de gastos mutó de manera drástica desde diciembre (las tarifas y servicios subieron fuerte pero pesan poco en el IPC), la “baja” en pobreza luce más como efecto de ponderaciones que como mejora del bienestar.
n paralelo, el mapa social se oscurece por donde más duele: infancia. Distintas mediciones de inseguridad alimentaria en niños, niñas y adolescentes muestran un tercio largo del universo con privaciones y severidad en alzas inquietantes; además, más de la mitad de esos chicos atravesó algún episodio de inseguridad alimentaria en los últimos tres años. La AUH y la Tarjeta Alimentar cumplen un rol protector —lo muestran evaluaciones serias—, pero no alcanzan cuando el empleo que crece es informal y de bajísima productividad. En criollo: más adultos trabajando no garantiza más ingreso por hogar si lo que se multiplica son changas de baja productividad.
La política económica eligió su prioridad: ancla inflacionaria, equilibrio de caja y “normalización” de precios relativos. El costo es evidente: recesión de demanda interna, salarios corriendo detrás, y un ajuste de tarifas que pega más a los de abajo. Ese menú fortalece la hoja de ruta de reformas (laboral, tributaria, previsional), pero no resuelve el plato caliente de la mesa. Al contrario: una flexibilización mal calibrada en contextos de informalidad alta solo traslada riesgo al eslabón más débil.
Apertura, sobrestock y la recesión de las góndolas
Los sectores de bienes transables relatan una escena conocida: ventas en picada, depósitos llenos y importaciones que aceleraron en 2025. Se hablan de miles de nuevas CUIT de importadores y de un sobrestock que empuja precios relativos a la baja en indumentaria y calzado —caídas superiores al 30% en términos reales contra noviembre de 2023— mientras servicios suben más del 50% en el mismo período. Resultado: aunque la ropa sea “más barata” en la estadística, la factura del gas y el boleto licúan cualquier margen para el changuito. Por eso la tarjeta de crédito aparece cada vez más para comprar comida, no para caprichos: es un mal indicador de salud del consumo.
La apertura comercial sin red de demanda interna dinamiza la competencia de precio, sí, pero con una macro enfriada a fuerza de tarifazos y con salarios reales que no recomponen, el impacto es asimétrico: pymes con stocks parados, cierres y empleo que se retrae. Registros sectoriales muestran caídas de puestos formales y una desaparición de empleadores sostenida desde 2023. Si a eso se suma la importación informal/contrabando, el combo es letal para quien produce local. La macro ortodoxa ordena la caja; la micro queda desordenada en la calle.
El consumo masivo es el termómetro más honesto: no hay con qué. La demanda de bienes no esenciales se comprimió, y el “mix” de la canasta se achicó a alimentos, limpieza y algo de farmacia. En paralelo, se ralentiza la inversión local: empresas que apostaron a capacidad logística o planta miran la curva y esperan. El Estado se retira del impulso a la demanda (sin planes de cuotas para consumo popular ni obra pública que traccione), y la banca no suple crédito barato. Resultado: caída de actividad, horas extras en cero, informalidad como refugio, familias multiactivas que suman trabajos y aun así no llegan.
La realidad de la inseguridad alimentaria
No hace falta ideología para ver el problema: sobra contabilidad social. El empleo informal explica la mayor parte del deterioro alimentario, y la educación opera como seguro: donde hay título y registro, el riesgo baja. Afiliación sindical y derechos laborales también correlacionan con mejor seguridad alimentaria. Esa evidencia no se arregla con un spot, se corrige con empleo de calidad y productividad: dos palabras que se invocan todo el tiempo y que casi nunca se financian en serio. El 2026 debería ser el año de la recuperación. Para que lo sea, habrá que reanimar la demanda sin disparar la inflación, y sostener a las pymes que producen y emplean. Es política industrial básica, no herejía.
La épica del “futuro llegó” choca con la economía del día 25 del mes. Trabajadores pobres, niños con hambre intermitente, pymes al borde y estadísticas que celebran una baja de pobreza que no siente quien se sienta a la mesa. Puede haber dos realidades: la de la ficción financiera que premia el ajuste y la del almacén que mira el posnet vacío. Las dos existen. Pero la que define el humor del país es la de la heladera.
No es cuestión de llorar por lo votado —“calavera no chilla”, dicen—. Es cuestión de ponerle nombre a lo que pasa y ordenar prioridades. La inflación cede; ahora hay que recuperar ingresos, proteger la niñez y evitar que la informalidad se convierta en el único camino. Si el plan económico no logra eso, todo lo demás será una impecable teoría con platos vacíos. Y la historia argentina ya enseñó que ningún programa dura mucho cuando ruge el estómago.
Inseguridad alimentaria con empleo: 15,2% de los trabajadores no asegura las comidas del mes; entre informales y cuentapropistas llega a 25,3%. La educación y el empleo registrado reducen drásticamente el riesgo.
