La madrugada había terminado hacía rato, pero en distintos barrios del oeste y del sur del Conurbano todavía seguían encendidas las luces de una investigación que llevaba más de un año creciendo en silencio.
Detrás de puertas comunes, en viviendas sin carteles y pasillos donde el movimiento parecía rutinario, los investigadores aseguraban haber reconstruido una organización que funcionaba como una empresa del narcotráfico: acopio, distribución, logística, vendedores y custodios armados.
Cuando llegó la orden judicial, el operativo se desplegó casi al mismo tiempo sobre distintos puntos del mapa bonaerense. La Matanza, Morón, Lomas de Zamora y General Rodríguez dejaron de ser puntos aislados para convertirse en una misma escena. En total se realizaron 43 allanamientos que terminaron con 30 personas detenidas y el desmantelamiento de una estructura dedicada, presuntamente, al tráfico de estupefacientes.
Un mapa criminal que atravesaba el Conurbano
La investigación, encabezada por la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, permitió reconstruir una red con funciones bien definidas. Según la pesquisa, no se trataba solamente de vendedores callejeros. Había organizadores, responsables logísticos, distribuidores, encargados de abastecer los puntos de venta y personas destinadas exclusivamente a custodiar los búnkeres donde se comercializaban las drogas.
Durante los procedimientos fueron secuestrados alrededor de 1,4 kilos de cocaína, más de 4,3 kilos de marihuana, numerosas dosis listas para su venta, pasta base, tusi —también conocida como cocaína rosa— y sustancias utilizadas para el corte y estiramiento de estupefacientes. A eso se sumaron vehículos, motocicletas y otros elementos considerados de interés para la causa.
Pero uno de los momentos más simbólicos del operativo ocurrió en Puerta de Hierro, en La Matanza. Allí, por orden de la Justicia Federal, fueron demolidos 13 búnkeres utilizados para la venta de drogas.
No fue solamente una imagen de máquinas derribando paredes. Para los investigadores, la demolición buscó impedir que esas construcciones volvieran a convertirse en puntos de comercialización y recuperar espacios que durante años habían quedado bajo el dominio del narcomenudeo.
El expediente, que tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón, representa el cierre de una etapa investigativa, aunque no necesariamente el final del problema.
Porque detrás de cada búnker demolido suele existir una organización que intenta reorganizarse, cambiar de barrio o modificar sus circuitos. El narcotráfico rara vez desaparece únicamente con un allanamiento.
Se adapta.
En los barrios del Conurbano esa dinámica es conocida. Donde una persiana baja, muchas veces otra intenta levantarse algunos kilómetros más allá. Por eso las investigaciones de largo aliento, capaces de reconstruir la totalidad de la estructura y no solamente detener a los vendedores visibles, suelen ser las que generan un impacto más profundo.
Esta vez, el operativo atravesó cuatro distritos, dejó decenas de detenidos y golpeó una organización que, según la investigación judicial, había logrado extender su red de distribución por distintos puntos del oeste y del sur bonaerense.
El desafío que queda por delante ya no depende únicamente de las fuerzas de seguridad. También involucra a la Justicia, al Estado y a los barrios donde estas economías ilegales encuentran terreno fértil para volver a echar raíces. Porque derribar un búnker puede llevar apenas unos minutos. Evitar que otro ocupe su lugar suele demandar mucho más tiempo.
