Fernando Cerimedo pasó en cuestión de horas de operador político regional a protagonista de un expediente penal que amenaza con dejarlo durante meses detrás de las rejas. La Fiscalía de Bolivia lo imputó por tentativa de femicidio contra Nadia Beller y solicitó 180 días de prisión preventiva, al considerar que existen indicios suficientes y riesgos de fuga y obstaculización de la investigación. La audiencia prevista para este jueves fue finalmente postergada para el viernes.
El episodio tiene todos los elementos de un policial, salvo que sus protagonistas se movían hasta hace pocos días bastante cerca del poder. Beller fue atacada frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra por dos hombres vestidos como repartidores. Recibió tres impactos de bala y debió ser operada. La Fiscalía informó que los proyectiles, con características compatibles con calibre 9 milímetros, fueron extraídos del cuello, tórax y brazo derecho.
Beller acusa directamente a Cerimedo de haber ordenado matarla. La defensa lo niega y llegó a plantear públicamente la hipótesis de un autoatentado. Por ahora, una cosa debe quedar jurídicamente clara: Cerimedo está imputado, no condenado, y todavía no existe una prueba pública directa que demuestre que contrató a los atacantes.
Pero el expediente tiene espesor suficiente para que la Fiscalía pretenda mantenerlo preso mientras reconstruye qué ocurrió.
De las campañas electorales a un expediente explosivo
Cerimedo no es un consultor desconocido que apareció accidentalmente en Bolivia. Fue estratega digital de Javier Milei durante la campaña presidencial de 2023 y posteriormente desarrolló actividad política en otros países de América Latina. En Bolivia quedó vinculado al entorno del presidente Rodrigo Paz, aunque su gobierno buscó delimitar el carácter formal de esa relación. Reuters lo identifica como asesor de Paz y antiguo estratega de Milei. Ahí empieza el verdadero problema político.
Porque el caso ya excedió largamente una pelea privada. Beller sostiene que Cerimedo conocía información sensible sobre negocios y entramados de poder en Bolivia y Argentina. Son acusaciones de la denunciante que deberán probarse, pero alcanzaron suficiente gravedad como para abrir nuevas líneas de investigación y convertir un episodio criminal en un problema político ransnacional.
Y entonces apareció otro dato capaz de dinamitar cualquier estrategia comunicacional prolija: Beller aseguró que está embarazada de cuatro semanas y que Cerimedo es el padre. La existencia del embarazo fue confirmada por fuentes oficiales bolivianas, mientras que la paternidad es afirmada por Beller y rechazada por la defensa del consultor.
El asunto golpea además en una zona particularmente incómoda para el ecosistema libertario argentino. Cerimedo fue una pieza conocida de aquella maquinaria digital que hizo de la provocación, la denuncia contra la "casta" y la superioridad moral frente a la vieja política una parte central de su identidad pública. Ahora el escenario es bastante menos confortable que una guerra de hashtags.
Hay una mujer baleada. Hay una investigación por tentativa de femicidio. Hay dos atacantes todavía buscados. Hay un embarazo confirmado cuya paternidad está controvertida. Hay un operador argentino vinculado a dos experiencias políticas sudamericanas detenido y una Fiscalía que pretende encerrarlo preventivamente durante seis meses. Nada de esto demuestra culpabilidad antes de una sentencia. Pero políticamente ya produjo algo difícil de revertir.
