
Milei vende recuperación y el Conurbano pelea para llegar a fin de mes
Buenos Aires perdió 113.167 puestos registrados en unidades productivas entre noviembre de 2023 y julio de 2026. En septiembre, una canasta estimada de servicios básicos del AMBA costaba un 55% más que un año antes. Ambos indicadores cuestionan una prioridad del gobierno de Javier Milei: presentar el orden fiscal como prueba suficiente de éxito mientras el trabajo y los gastos indispensables siguen bajo presión.
El balance laboral corresponde a toda la provincia. Según el Centro de Economía Política Argentina, sobre estadísticas oficiales, también hubo una reducción neta de 9.151 empleadores durante ese período. No equivale a la misma cantidad de fábricas cerradas, pero refleja una contracción de la estructura que genera empleo registrado. Para el Conurbano industrial, ese deterioro provincial constituye un contexto difícil de separar de su actividad cotidiana.
La pérdida de trabajo formal alcanza al comercio y a los proveedores que dependen de los ingresos de los hogares. Cuando desaparece un salario, se achica la capacidad de comprar, sostener cuotas o encargar una reparación. La política económica tiene que responder por ese circuito, además de mostrar inversiones anunciadas o mejoras en variables financieras.
La apertura comercial permite identificar una decisión concreta. Con el Decreto 236/2025, Nación redujo del 35% al 20% los aranceles para ropa y calzado y del 26% al 18% los correspondientes a telas. El Gobierno defendió la medida como una herramienta para aumentar la competencia y bajar precios. Para quienes producen localmente, significó una reducción de la protección frente a las importaciones.
La medida no permite atribuirle cada despido, pero sí establece una elección política: modificar la competencia mediante el abaratamiento del ingreso de mercadería. Esa elección debe evaluarse también por sus consecuencias productivas. El precio de una prenda importa; la continuidad del empleo de quienes la fabrican también forma parte del balance.
El Gobierno debe explicar cómo espera que los sectores expuestos mejoren su productividad, qué acceso al financiamiento tienen y qué oportunidades ofrece a quienes pierden su puesto. La promesa de que llegarán inversiones no resuelve por sí sola la transición. Un trabajador necesita ingresos mientras busca otra ocupación, y un pequeño fabricante debe pagar salarios y servicios mientras intenta adaptarse.
En los hogares, el aumento de los gastos básicos está documentado. El Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, de la UBA y el CONICET, estimó para septiembre de 2026 una canasta de electricidad, gas, agua y transporte de $268.405 mensuales. El cálculo utiliza consumos representativos del AMBA y usuarios sin subsidios energéticos; no describe el gasto efectivo de todas las familias.
Esa canasta aumentó un 55% interanual. El transporte representaba cerca del 47% del total. Aunque el gasto estimado bajó respecto de agosto por el menor consumo energético después del invierno, la reducción estacional coexistió con aumentos tarifarios. Para quien necesita combinar viajes para trabajar o estudiar, el traslado deja poco margen de ajuste.
Las decisiones tarifarias involucran a Nación, Provincia y Ciudad según el servicio. La responsabilidad nacional debe señalarse donde corresponde: en el esquema de subsidios energéticos y en los servicios bajo su competencia. Esa precisión permite discutir las medidas de Milei sin atribuirle automáticamente cada aumento del área metropolitana.
La pobreza muestra la desigualdad sobre la que actúa ese programa. En el primer semestre de 2026 alcanzó al 36,9% de las personas en los partidos del GBA, frente al 11,1% en CABA, según los datos del INDEC reunidos por Datina. La diferencia supera los 25 puntos porcentuales. No demuestra que la brecha haya nacido con este gobierno; evidencia que las mismas decisiones llegan a hogares con recursos muy distintos.
La evolución nacional tuvo avances y retrocesos. La pobreza pasó del 41,7% en el segundo semestre de 2023 al 52,9% en la primera mitad de 2024. Después descendió hasta el 28,2% al finalizar 2025 y volvió a subir al 32,3% en el primer semestre de 2026. La mejora frente a 2023 existe, pero el aumento reciente impide dar por consolidada la recuperación.
El cuestionamiento al modelo está en su capacidad de sostener esos avances y convertirlos en empleo e ingresos estables. Milei eligió acelerar la apertura y la recomposición tarifaria. Debe responder con la misma claridad por los puestos registrados que se pierden y por las dificultades de los hogares para absorber los gastos. El equilibrio fiscal es un resultado del Gobierno; conseguir que la recuperación alcance al Conurbano sigue siendo una obligación pendiente.





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