Un efectivo que se desempeñaba en la Policía Local de Lanús fue condenado a cuatro años de prisión por distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil en un juicio realizado en Quilmes.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1, presidido durante 2026 por el juez Fernando Celesia, y la acusación estuvo a cargo de la fiscal de juicio María de los Ángeles Attarian Mena.
El acusado tiene 32 años y domicilio en Ezpeleta.
Según la información conocida después del debate, buena parte de la prueba presentada por la fiscalía estuvo apoyada en pericias técnicas e informáticas realizadas sobre dispositivos y cuentas vinculadas al acusado. El tribunal consideró acreditada su responsabilidad y fijó una pena de cuatro años de prisión.
Los fundamentos completos del fallo todavía no habían sido difundidos al momento de trascender la condena.
Allí deberán conocerse con precisión la valoración de la prueba realizada por el tribunal, la calificación jurídica definitiva y los argumentos utilizados para establecer la pena.
También falta determinar si la defensa presentará recursos y si, por lo tanto, la sentencia adquirió firmeza.
Otra cobertura sobre el juicio informó que el efectivo había llegado al debate en libertad y fue detenido después de conocerse el veredicto. Hasta contar con las actuaciones judiciales completas, esa circunstancia debe mantenerse como información atribuida.
El artículo 128 del Código Penal sanciona la distribución de material de abuso sexual infantil y también contempla distintas modalidades de tenencia. Para la distribución, la escala prevista parte de los tres años de prisión.
Pero la condena penal abre además una segunda cuestión.
QUÉ PASÓ DENTRO DE LA FUERZA
El hombre condenado se desempeñaba como policía en Lanús y todavía no se conoce públicamente qué ocurrió con su situación laboral mientras avanzaba la causa.
No trascendió si había sido suspendido preventivamente, apartado de funciones o alcanzado por un sumario administrativo.
Tampoco se conoce cuándo tomó formalmente conocimiento la institución policial de la investigación ni qué tareas cumplía el efectivo durante ese período.
Esos datos son necesarios para reconstruir el recorrido completo del caso.
Una investigación penal y un procedimiento disciplinario tienen reglas y tiempos distintos. La existencia de una causa judicial tampoco demuestra por sí sola cuándo la fuerza quedó notificada ni qué medidas estaba jurídicamente en condiciones de tomar en cada etapa.
Por eso ahora deberá establecerse si existieron actuaciones de Asuntos Internos, cuál es la situación de revista actual del condenado y qué consecuencias administrativas puede producir la sentencia.
También falta saber si continuó desempeñando funciones, si había sido apartado de tareas operativas y qué ocurrió con los elementos asociados a su función policial.
La publicación de los fundamentos permitirá completar el otro lado de la historia.
Hasta entonces, existe una condena a cuatro años dictada por el Tribunal Oral Criminal N°1, pero todavía deben conocerse sus argumentos completos y el recorrido que pueda tener una eventual apelación.
La causa penal ya produjo un veredicto.
Ahora resta establecer qué actuación tuvo la institución policial desde que uno de sus integrantes quedó bajo investigación y qué consecuencias administrativas producirá la condena.
