Por Agustín Ochoa Ortega. 

La administración nacional liderada por Javier Milei continúa implementando una política de recortes en diversos sectores del Estado, centrando su atención, de manera particularmente intensa, en la revisión y depuración de las obras sociales. Esta estrategia, que se justifica bajo un discurso de control y eficiencia en el gasto público, ha desatado una ola de controversia y oposición, exponiendo las tensiones entre la visión del gobierno y las necesidades de los trabajadores.

El caso más reciente que ha levantado polvareda es el de la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda. Ante esta situación, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, liderado por el diputado provincial Hernán Doval, levantó su voz enérgicamente, denunciando una serie de acciones que consideran perjudiciales para las obras sociales de menor tamaño desde el inicio de la actual gestión gubernamental.

Según la Superintendencia de Salud de la Nación, la decisión de revocar la habilitación a la obra social de Municipales de Avellaneda se fundamenta en la supuesta "insolvencia" de la misma. La Superintendencia argumenta que los aportes son insuficientes en relación con las necesidades de cobertura que presenta la obra social, basándose en una lógica de optimización de recursos que plantea el cierre de aquellas obras sociales con menos de 10.000 afiliados. Esta postura, sin embargo, ha sido duramente cuestionada por el sindicato.

El Sindicato Municipal rechaza categóricamente estos argumentos, aclarando que la declaración de crisis de la obra social se remonta al período crítico de la pandemia de COVID-19. Explican que esta declaración fue un requisito indispensable para acceder al programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), una herramienta que permitió cubrir parcialmente los salarios de los trabajadores municipales mientras la obra social afrontaba los costos crecientes de insumos, medicamentos e internaciones, producto de la emergencia sanitaria.

En una declaración contundente, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda calificó la decisión de la Superintendencia como "arbitraria" e "irregular". Subrayan que la obra social cumple rigurosamente con todas las disposiciones de servicios establecidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO) para sus 4.891 beneficiarios. Además, enfatizan que la obra social mantiene al día sus compromisos con proveedores, salarios y prestaciones, y que "nunca han recibido ningún subsidio extraordinario de la Superintendencia ni han incurrido en ninguna irregularidad".

Las autoridades del sindicato han profundizado sus críticas, lanzando serias interrogantes sobre la transparencia del proceso. “La magnitud de desproporcionalidad y arbitrariedad de esta medida es llamativa y da lugar a especulaciones, ya que con Balances presentados al día con superávit, se intenta dar de baja la Obra Social por no contestar una nota. Muy llamativo todo”, señalaron, haciendo referencia a las declaraciones de la entidad nacional sobre la supuesta falta de respuesta a sus requerimientos. Esta situación plantea interrogantes cruciales sobre el futuro de las obras sociales más pequeñas y la dirección que tomará la política de ajuste implementada por el gobierno nacional. ¿Se priorizará la eficiencia económica por encima del acceso a la salud de los trabajadores?

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales advirtieron que recurrirán a la justicia para subsanar el “atropello” del que están siendo objeto y para salvaguardar la salud de los afiliados y sus familias. “Nuestra Obra Social está con muchos tratamientos en ejecución (Hemofílicos, HIV, Oncológicos, Diabetogénicos y demás de alto costo y de alta complejidad), internaciones en curso y cirugías programadas”, agregaron, exponiendo las potenciales consecuencias de la medida en la vida de los afiliados.

El sindicato también envió una advertencia directa al gobierno nacional, señalando la particularidad de su obra social: “No es casualidad que nuestra Obra Social no se encuentra tercerizada, está administrada directamente por los trabajadores, por eso no hay ninguna empresa con poder de lobby defendiendo su negocio. La nuestra es una Obra Social de los trabajadores, manejada por los trabajadores y que le da servicio a los trabajadores”. 

Esta declaración subraya la defensa de un modelo de gestión participativo y la preocupación por la posible influencia de intereses externos en las decisiones que afectan la salud de los trabajadores.

Finalmente, el sindicato municipal avellanedense enfatizó que la obra social “no es un sello de goma como han calificado otras Obras Sociales sino que está en pleno funcionamiento” y alertó que se llevarán a cabo asambleas en todos los lugares de trabajo en pos de defender el sistema de salud solidario. La defensa del sistema de salud solidario se perfila como un punto central en la resistencia a las políticas de ajuste que, según el sindicato, ponen en riesgo el acceso a la salud de los trabajadores municipales. 

El futuro de la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda, y posiblemente de otras obras sociales pequeñas, se definirá en los tribunales y en la calle, en un contexto de creciente tensión social y política.