La salud mental en emergencia: PBA al máximo de esfuerzos

La foto que trajeron autoridades, equipos de salud y organizaciones sociales al Congreso no es estadística seca: es la radiografía de un sistema que asiste cada vez a más personas con menos recursos. Entre 2023 y 2025, las internaciones por salud mental en la provincia de Buenos Aires crecieron un 77%. Las consultas ambulatorias se dispararon un 134%. Y detrás de esos números hay rostros concretos: chicos de 15 años con adicciones severas, adultos en crisis sin red de contención, familias que llegan a la guardia porque ya no hay dónde más ir.

La primera línea lo dice claro: el sistema público está recibiendo incluso a quienes hasta hace poco tenían obra social o prepaga. Más de 200.000 personas abandonaron la medicina privada por los aumentos, y muchas obras sociales redujeron la cobertura de medicamentos. El PAMI, por ejemplo, pasó de cubrirlos en su totalidad a cubrir entre el 40% y el 80%. En paralelo, se recortaron hasta un 75% los fondos del plan REMEDIAR Salud Mental y se interrumpió la entrega de psicofármacos de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales.

El impacto más visible está en las infancias y juventudes. Las internaciones de menores de 18 años se duplicaron en cinco años: de 3.286 en 2019 a 7.103 en 2024. Solo en el primer semestre de este año, ya hubo 1.829. Aumentan las autolesiones, las tentativas de suicidio, la violencia intrafamiliar, los casos de ludopatía y el consumo problemático en edades cada vez más bajas.

En las guardias, los equipos cuentan que los cuadros llegan más graves y que dar el alta se complica por la falta de vivienda, empleo o dispositivos comunitarios. El cierre progresivo de espacios como el Hospital Nacional Bonaparte o las Casas Joven de Sedronar, junto a la paralización de obras de centros de salud mental, deja a muchos pacientes sin un lugar a donde continuar el tratamiento.

La crisis no es solo clínica: es social. El deterioro de las condiciones de vida —pobreza, desempleo, hacinamiento, violencia— funciona como caldo de cultivo para el sufrimiento psíquico. En la calle, crece la población sin techo y con padecimientos mentales severos, mientras se debilitan las redes de asistencia.

Aun en este panorama, hubo políticas provinciales que marcaron diferencia: desde 2019 se sumaron 2.445 trabajadores a los equipos de salud mental, se ampliaron casi un 70% las camas de internación en hospitales generales y se construyeron 37 centros nuevos. También se abrieron 53 casas de externación y medio camino, muchas en alquiler, para acompañar la vida en comunidad. Y se diseñaron programas conjuntos con Educación para prevenir suicidios y abordar las adicciones a la tecnología y el juego online.

El encuentro federal en Diputados cerró con un pedido transversal: sostener y ampliar estas políticas, garantizar acceso a medicamentos y tratamientos, y reforzar un modelo de atención de cercanía, con perspectiva comunitaria y federal. Porque cuando el Estado se retira, el costo lo paga siempre el mismo: el que está en situación más frágil.

En salud mental no hay pausa: cada día sin respuesta es un día perdido para alguien que necesita ayuda. El desafío es que la contención no dependa de la suerte o del bolsillo, sino de un sistema que esté presente antes, durante y después de la crisis. No es un lujo: es una urgencia que atraviesa barrios, edades y realidades. Y que, si no se aborda ahora, mañana será todavía más difícil de reparar.