El Gobierno quiso avanzar en silencio con un recorte que significaba dejar a más de 300 familias sin trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El mecanismo era el “pase a disponibilidad”: una figura gris que suspende la estabilidad del empleado, lo deja a mitad de sueldo y lo empuja al borde del despido. Pero la Justicia frenó la maniobra.
El fallo, emitido por un juzgado federal de San Martín, ordenó al Ejecutivo suspender cualquier medida en ese sentido y estableció una multa de diez millones de pesos diarios en caso de incumplimiento. Fue una señal clara: no se puede vaciar un organismo que cumple un rol vital en la vida productiva y social de la Argentina.
Detrás de la pulseada judicial hay algo mucho más grande. El INTA no es un ente burocrático con oficinas en Buenos Aires: es la red que conecta al Estado con los territorios rurales, grandes y pequeños. Sus más de 50 plantas experimentales y 250 agencias de extensión están presentes en casi todas las provincias.
Allí se investigan nuevas variedades de granos, se desarrollan forrajes, se estudia la sanidad animal y vegetal, se piensa el futuro de la producción en un país atravesado por el cambio climático. Y, sobre todo, se acompaña a productores medianos, pequeños y hasta familias que sin asistencia técnica quedarían al margen.
El recorte no sólo ponía en riesgo puestos de trabajo, también amenazaba con desarmar décadas de conocimiento acumulado. Programas como el ProHuerta, que ayudaron a miles de hogares a producir sus propios alimentos en los peores momentos de crisis, nacieron del INTA.
Experimentos que dieron lugar a nuevas razas animales, a cultivos más resistentes, a técnicas de conservación de suelos y a la prevención de enfermedades rurales también salieron de sus laboratorios y campos de prueba. No se trata de un lujo del Estado: se trata de soberanía alimentaria, de innovación productiva y de apoyo a la economía local.
En los últimos meses, el Gobierno había puesto la mira en los organismos descentralizados como parte de un “plan de desguace”. La caída del decreto desregulador en el Congreso fue el primer freno político. Ahora, la Justicia sumó un límite jurídico.
La combinación muestra que hay instituciones que, con sus defectos y virtudes, siguen siendo sostenidas por la comunidad que las necesita.
El INTA no es perfecto ni intocable: debe modernizarse, mejorar sus gestiones y adaptarse a nuevas demandas. Pero lo que no puede es ser arrasado como si se tratara de un gasto innecesario.
En cada agencia del interior, en cada experimental, hay equipos que no sólo investigan sino que caminan el territorio junto a productores, municipios, cooperativas y familias.
Que la Justicia haya frenado este intento de vaciamiento es también un triunfo de lo comunitario sobre la lógica de ajuste. Porque detrás de cada técnico, ingeniero o extensionista que conserva su trabajo hay un barrio, un campo, una huerta y una familia que sigue contando con ese acompañamiento.
En tiempos donde todo parece incertidumbre, el INTA vuelve a recordar que la ciencia y la comunidad no son enemigos del pueblo: son, de hecho, sus aliados más firmes.
