Represión y conducta criminal
Lo que debía ser un cartucho de gas lacrimógeno para dispersar una marcha de jubilados terminó convertido en un proyectil que casi mata a Pablo Grillo, un joven fotógrafo de Lanús que aún pelea por su vida en terapia intensiva. La reconstrucción balística no dejó lugar a dudas: el gendarme Héctor Guerrero disparó en ángulo horizontal, una violación flagrante de los manuales de seguridad. Si hubiese apuntado hacia arriba, en 45 grados, o hacia abajo, el cartucho jamás habría alcanzado la cabeza de Grillo.
La conclusión es tan simple como brutal: el disparo fue antirreglamentario y transformó un instrumento de dispersión en un arma letal. Por eso Guerrero está cada día más complicado: la Justicia ya lo tiene como principal sospechoso de homicidio agravado en grado de tentativa, un delito que puede costarle hasta 25 años de prisión.
El expediente ahora no discute pericias dudosas ni relatos cruzados. Los videos muestran el ángulo del disparo y los técnicos ratificaron lo que la querella venía denunciando. La bala de gas salió como no debía salir. Y pegó donde no debía pegar: en la cabeza de un trabajador de prensa.
Bullrich y el “gatillo obediente”
El nombre de Guerrero es apenas la punta de la cadena. Porque detrás de cada cabo está el oficial que le dio la orden, y detrás de ese oficial está la ministra que justificó la represión. Patricia Bullrich se plantó apenas días después del ataque y dijo: “El gendarme tiró como tenía que tirar”. Agregó, casi en un intento de reconstrucción imposible, que el cartucho había rebotado “dos veces antes” y que “tocó un fierro”. “No sé si le pegó la granada porque la granada rebotó y después tocó ese fierro o si fue ese fierro”, insistió.
La realidad es que la pericia pulverizó ese relato. El cartucho no rebotó: fue disparado a la altura de la gente, en dirección a la multitud. La ministra defendió lo indefendible porque sabe que cada acción de sus subordinados la involucra. No se trata de un exceso individual: es el resultado de una doctrina política que avala disparar primero y explicar después.
Guerrero hoy se presenta como un “chivo expiatorio”, repite entre sus allegados que paga por todos. Tal vez tenga razón: las responsabilidades no terminan en su uniforme. Una orden antirreglamentaria no nace sola en la calle, sube por la cadena de mando hasta llegar al despacho de Bullrich. Pero la historia de este país es clara: los que terminan presos suelen ser los de abajo.
Hoy la salud de Pablo Grillo se agrava. Tras una cirugía que buscaba estabilizarlo, su evolución neurológica entró en meseta. El líquido cefalorraquídeo no logra regularse y los médicos hablan de complicaciones persistentes. La familia habla de milagro, porque ya no alcanza con la ciencia.
Mientras tanto, la política se enreda en sus cinismos. El cabo Guerrero, que alega obediencia debida, puede terminar con una condena de décadas. Sus jefes miran para otro lado y la ministra sigue construyendo un relato que la pericia pulverizó. El periodismo independiente recuerda la escena con una pregunta incómoda: ¿quién aprieta el gatillo en Argentina, el gendarme de turno o la doctrina que baja desde arriba?
La represión a los jubilados no fue un error: fue una decisión política. Y el cuerpo roto de Pablo Grillo es la prueba viva de que en este país la línea que separa la disuasión de la violencia letal se borra cada vez que el poder necesita un enemigo.
Guerrero solo está suspendido
El resultado del peritaje fue lapidario. El documento difundido sostuvo: “De los elementos aportados y en base a las experiencias realizadas, se pudieron descartar disparos efectuados con un ángulo de inclinación ascendente del arma de 45° y con una inclinación descendente de la misma comprendida entre los 30° y 45°”.
La querella había pedido a la jueza María Servini que se definieran la posición, altura, dirección y ángulo del cañón de la pistola Modelo Unic Tipo lanza gases Cal. 38.1mm, Serie 00660, usada en el operativo. La conclusión fue inequívoca: el gendarme disparó de frente, aumentando al máximo el riesgo de daño directo contra Pablo Grillo.
Sin embargo, pese a esta prueba judicial, Guerrero sigue en funciones. El sumario administrativo de Gendarmería concluyó sin reproches, apenas con una suspensión parcial, como si nada hubiera pasado. Para la familia de la víctima, esa investigación interna exhibe “múltiples falencias que comprometen la seriedad y objetividad del trámite”.
El comunicado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS, que acompañan a la querella, fue igual de contundente: “Lejos de constituir un proceso orientado al esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades, el trámite interno operó como una mera formalidad diseñada para avalar los comportamientos de sus efectivos
La reconstrucción balística confirmó que el cartucho salió en horizontal: no hubo rebote ni accidente, fue un disparo letal.
