Mientras el Gobierno celebra cada décima que logra perforar en la inflación, una parte cada vez más importante de esa batalla se libra lejos de las góndolas y cerca de los decretos. En una decisión que ya se volvió habitual, la administración de Javier Milei volvió a postergar la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), evitando que el precio de las naftas y el gasoil refleje plenamente los incrementos impositivos acumulados durante los últimos dos años. El movimiento tiene una lógica simple: si sube el combustible, sube el transporte; si sube el transporte, se contagian los costos de toda la economía; y si eso ocurre, el índice de inflación corre el riesgo de arruinar uno de los principales activos políticos del oficialismo.
La medida, oficializada mediante el Decreto 405/2026, vuelve a patear para adelante aumentos que el propio esquema tributario establece que deben aplicarse de manera periódica. No es una novedad ni una excepción: es una herramienta que el Gobierno viene utilizando para contener uno de los precios más sensibles de la economía argentina. La pregunta que empieza a sobrevolar el mercado no es si los aumentos llegarán, sino cuánto combustible fiscal queda disponible para seguir escondiendo debajo de la alfombra una actualización que tarde o temprano deberá aparecer en los surtidores.
Preocupado por atar con alambres el número de la inflación, el gobierno de Javier Milei volvió a echar mano sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y postergó hasta el 1 de julio el aumento que estaba previsto para este mes.
La medida comunicada en el Decreto 405/2026 publicado en el Boletín Oficial recae particularmente en los incrementos remanentes que gravan la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
El nuevo decreto modifica uno anterior (617/2025) y extiende el diferimiento de los aumentos derivados de las actualizaciones correspondientes a 2024 y 2025, además de las vinculadas al primer trimestre de 2026.
Según los considerandos, la maniobra que pretende disfrazar el impacto de la imparable suba de precios se adoptó con el objetivo de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.
La normativa vigente establece que los montos de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se actualizan periódicamente sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.
Por eso, el factor determinante de esta medida es ponerle una valla de contención al impacto que la suba de combustibles provoca en el transporte y el resto de los costos de la cadena productiva de todos los sectores.
La disposición mantendrá diferidos durante junio los incrementos previstos para los combustibles alcanzados por la medida: nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
No es la primera vez que la administración de La Libertad Avanza (LLA) toma una medida de este tipo. Ya viene realizando ajustes de este tipo para que las subas que se calculan en base a la inflación se sosieguen.
