El procurador general Eduardo Casal respaldó la estrategia del Gobierno nacional para impedir que Edenor y Edesur cobren tasas municipales en las facturas de electricidad. Si la Corte Suprema confirma ese criterio, decenas de municipios del Conurbano deberán rediseñar uno de sus mecanismos más eficientes de recaudación, en un nuevo capítulo de la disputa entre la Casa Rosada y los gobiernos locales.
La pelea no es por una boleta de luz. La pelea es por el dinero que sostiene buena parte del funcionamiento cotidiano de los municipios del Conurbano. Detrás de una discusión que parece técnica sobre qué conceptos pueden incluir Edenor y Edesur en sus facturas, se libra una pulseada mucho más profunda entre el Gobierno nacional y las administraciones locales por el control de recursos, autonomía y poder político.
El último movimiento favoreció a la Casa Rosada. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó a favor de la postura impulsada por el Gobierno de Javier Milei y recomendó a la Corte Suprema revocar el fallo que había declarado inválida la prohibición de cobrar tasas municipales dentro de las facturas del servicio eléctrico. El dictamen no obliga al máximo tribunal, pero representa un respaldo jurídico de enorme peso para una estrategia que el oficialismo viene desplegando desde hace meses.
Una discusión jurídica con consecuencias políticas
La causa comenzó cuando el municipio de José C. Paz cuestionó las resoluciones nacionales que impidieron incorporar conceptos ajenos al suministro eléctrico dentro de las boletas emitidas por Edenor y Edesur.
Para Casal, el servicio eléctrico que prestan ambas distribuidoras se encuentra bajo jurisdicción federal, por lo que el ENRE posee facultades para regular el contenido de las facturas. Bajo esa interpretación, las empresas no deberían incluir tributos locales que no formen parte del servicio específico que prestan.
El procurador también descartó que esa decisión implique vulnerar la autonomía municipal. Según su criterio, los municipios mantienen intacta su potestad tributaria. Lo que cambia es el mecanismo de cobro, que deberá instrumentarse por otras vías.Pero justamente ahí aparece el verdadero conflicto.
Para muchos municipios del Área Metropolitana, incorporar la tasa de Alumbrado Público en la factura eléctrica permitió durante décadas garantizar niveles elevados de cobrabilidad. No era solamente una cuestión administrativa. Era una fuente relativamente estable de financiamiento para sostener servicios urbanos.
Si la Corte Suprema convalida el criterio del procurador, los municipios abastecidos por Edenor y Edesur deberán diseñar nuevos sistemas de percepción con mayores costos administrativos y, probablemente, menores niveles de cumplimiento.
El impacto alcanzaría a una extensa lista de distritos del Norte y Oeste del Conurbano como La Matanza, Merlo, Moreno, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Miguel, San Martín, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y San Isidro, entre otros.
La misma situación se proyecta sobre el Sur bonaerense. Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón, Cañuelas y San Vicente también dependen del esquema regulatorio nacional porque reciben electricidad de Ede
sur.
La diferencia no es menor. Las distribuidoras provinciales funcionan bajo otra legislación que contempla convenios para percibir determinadas tasas municipales. Edenor y Edesur, en cambio, responden al marco regulatorio federal, precisamente el argumento jurídico que utilizó Casal para sostener la posición del Gobierno.
Desde la óptica oficial, la decisión busca proteger al consumidor y evitar que las facturas incorporen conceptos ajenos al servicio contratado. La administración Milei sostiene además que los usuarios deben conocer con claridad qué pagan y a quién se lo pagan.
Desde la mirada de los municipios, el debate trasciende la transparencia tarifaria. Lo que está en juego es una herramienta histórica de financiamiento local en un contexto donde los recursos propios cobran cada vez mayor importancia frente a la reducción de transferencias nacionales.
La Corte Suprema tendrá ahora la última palabra. Pero el expediente ya dejó de ser una simple discusión sobre facturas eléctricas. En la Argentina, muchas veces las grandes disputas de poder no empiezan en el Congreso. Empiezan en una boleta que llega todos los meses debajo de la puerta.
