Alberto Martín Del Valle pasó años fuera del alcance de la Justicia y ahora quiere quedarse cerca del lugar donde finalmente lo encontraron. Detenido en Florencio Varela por una causa iniciada en Puan por el abuso sexual de una niña de 11 años que quedó embarazada, presentó un hábeas corpus para recuperar la libertad y, subsidiariamente, formuló un pedido particular: si debe continuar preso, pretende ser alojado en alguna de las cárceles ubicadas en Varela y no trasladado a una unidad cercana al lugar donde ocurrieron los hechos.
La decisión quedó en manos del Tribunal de Casación Penal bonaerense. El defensor oficial Pablo Radivoy sostiene que la acción penal se encuentra extinguida por el paso del tiempo y considera que mantener detenido a Del Valle resulta ilegítimo. Si ese planteo fracasa, la segunda pretensión es territorial: permanecer cerca de su familia actual.
Entre las posibilidades mencionadas aparecen las Unidades Penitenciarias 23, 24, 31 y 42, todas ubicadas en Florencio Varela.
El planteo agrega así un nuevo capítulo a un expediente atravesado por una paradoja difícil de ignorar. La causa nació a cientos de kilómetros del Conurbano, permaneció durante años sin poder colocar al acusado ante la Justicia y terminó encontrándolo precisamente en Varela, territorio que ahora Del Valle pretende convertir también en su lugar de detención.
La historia comenzó en Puan en 2009. La víctima tenía 11 años y Del Valle era su padrastro. El embarazo de la niña llevó la investigación hacia una evidencia determinante: las pruebas genéticas establecieron que el acusado era el padre biológico del bebé. La pesquisa también incorporó la hipótesis de que habría intentado interrumpir clandestinamente aquella gestación.
Después vino la fuga.
Quince años, identidades distintas y una discusión sobre la prescripción
Sobre Del Valle pesaba una orden de captura desde 2012 y el Ministerio de Seguridad bonaerense había establecido una recompensa de $10 millones para quien aportara información útil que permitiera localizarlo. Durante la clandestinidad habría utilizado, entre otros, los nombres Martín Lezcano y Martín Morales y transitado diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires.
La búsqueda terminó en una vivienda de Combate de San Lorenzo al 2200, en Florencio Varela. Allí fue detenido mediante un operativo en el que participaron efectivos de la DDI Dolores, la SDDI Chascomús y el GAD Quilmes, luego del trabajo de localización desarrollado por la Oficina de Búsqueda de Personas de la Fiscalía.
Pero encontrar a un prófugo después de tantos años no significa automáticamente que pueda ser juzgado.
Ese es ahora el corazón jurídico del caso.
El plazo de prescripción considerado en el expediente es de 12 años. Sobre esa base, la jueza de Garantías Claudia Olivera había dispuesto inicialmente el sobreseimiento. La Cámara Penal, sin embargo, frenó esa decisión y ordenó revisar fichas dactilares y antecedentes para establecer si Del Valle cometió otros delitos durante los años en que permaneció oculto. La existencia de determinadas causas penales durante ese período podría modificar el cómputo de la prescripción.
Mientras esa discusión continúa, Del Valle permanece alojado en una comisaría de la región. Casación deberá determinar primero si corresponde mantenerlo detenido. Si rechaza el hábeas corpus, aparecerá la segunda cuestión: dónde cumplirá la detención mientras avance el proceso.
Y allí Florencio Varela vuelve a entrar en escena.
El acusado no pide acercarse al territorio donde nació el expediente ni al lugar donde vivía la víctima. Solicita permanecer en el Conurbano, cerca de la familia que formó durante los años posteriores, mientras la Justicia intenta determinar si todavía puede responder penalmente por aquel hecho.
La discusión tiene toda la frialdad de los plazos procesales, pero detrás del calendario judicial permanece una diferencia imposible de borrar: cuando comenzó esta historia, la víctima tenía 11 años. Durante buena parte del tiempo transcurrido desde entonces, quien debía enfrentar la acusación estuvo prófugo.
Ahora el expediente corre contra otro reloj. Ya no se trata de encontrar a Del Valle. La Justicia finalmente sabe dónde está. Lo que debe resolver es si, después de tantos años, todavía puede sentarlo frente a un tribunal o si el tiempo que pasó mientras permanecía fuera de su alcance terminó cerrando antes la causa.
