Obligados a prestarle al jefe
El relato de la ortodoxia empieza a resquebrajarse por donde siempre: por la billetera. La última licitación de deuda en pesos dejó a la vista un síntoma que ya nadie puede ocultar: los mercados desconfían y el financiamiento voluntario es carísimo. Para renovar poco más de $11 billones, el ministro de Economía convalidó tasas de hasta 65% anual, muy por encima de una inflación que ronda el 20%. Aun así, no le alcanzó.
La respuesta no fue un replanteo de estrategia, ni un sinceramiento. Fue una orden. Desde ahora, todos los organismos públicos están obligados a prestarle al Tesoro. Ya no se trata de buscar inversores: se trata de raspar la olla con decreto en mano.
A través de la resolución 62/2025, Caputo formalizó una práctica que recuerda más al heterodoxo más duro que al libertario que supuestamente vino a dejar “las manos del Estado fuera del sistema financiero”. Cada empresa pública, cada organismo descentralizado, cada repartición del Estado que tenga un peso libre deberá usarlo para comprar bonos del Tesoro. Sin negociación. Sin opción. No se trata solo de una jugada administrativa. Es el reconocimiento tácito de que el ajuste tiene límites.
Porque mientras el Gobierno recorta partidas sociales, posterga pagos y privatiza activos, no logra generar confianza suficiente como para que el sector privado sostenga el esquema financiero. Entonces, lo que no le prestan los bancos se lo exige al propio Estado. No es orden. Es círculo vicioso.
La letra chica del disciplinamiento
El procedimiento es claro. Todos los organismos deberán, mes a mes, informar cuánto dinero tienen en cuentas, en caja y en inversiones, además de proyectar sus ingresos y egresos hasta fin de año. Con esa información, el Ministerio de Economía definirá cuánto de esa “liquidez transitoria” deberá canalizarse a la compra de títulos del Tesoro.
Es, en los hechos, un mecanismo de financiamiento forzoso. Uno que ya se ha visto antes, pero que ahora se ejecuta con un discurso libertario de fondo que hace chirriar hasta al más moderado. Porque no estamos ante un canje voluntario, ni un acuerdo con bancos públicos, ni una convocatoria al ahorro nacional. Estamos ante una imposición que liquida cualquier autonomía presupuestaria.
Y mientras tanto, la plata no aparece. El FMI todavía no desembolsa los dólares prometidos, las privatizaciones están verdes y el ancla fiscal se sostiene con alambre. La eliminación de las LEFI —que eran instrumentos clave para absorber pesos sin presionar al tipo de cambio— dejó un agujero que ni las letras nuevas, ni los organismos públicos, ni los tuits de Quirno pueden tapar.
El Gobierno de Milei y Caputo prometió eficiencia, pero ofrece compulsión. Prometió estabilidad, pero entrega improvisación. Prometió libertad, pero aplica regulaciones dignas de un manotazo de estatismo desesperado.
La resolución que obliga a organismos públicos a financiar al Tesoro no es una solución estructural. Es una urgencia mal maquillada. Es la admisión de que no hay plan B, ni crédito genuino, ni tiempo que sobre.
Y mientras los organismos desvían sus fondos a letras con tasas siderales, la economía real —esa que sí genera valor— sigue estrangulada, sin crédito, sin previsión, sin horizonte. Porque en el fondo, no hay nada más heterodoxo que disfrazar de eficiencia lo que no es más que una compulsión desesperada por tapar baches.
Y lo que se tapa con bonos, más temprano que tarde, se destapa con recesión. El problema no es la deuda. El problema es creer que se puede forzar confianza como se fuerza un Excel.
