Villarruel lanza misiles judiciales contra los medios de Milei

A la médula expresiva del Presidente

La ruptura ya no es interna: es frontal. La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó dos denuncias penales que no sólo apuntan a Javier Negre —el periodista español devenido en vocero oficioso del mileísmo duro— sino también a la diputada libertaria Lilia Lemoine, al biógrafo Nicolás Márquez y a un puñado de usuarios verificados que operan como infantería digital del oficialismo. Pero esto no es Twitter. Es Comodoro Py. Y lo que está en juego no es una pulseada discursiva: son delitos graves que, si la causa avanza, pueden terminar con condenas efectivas por rebelión, intimidación pública y asociación ilícita.

Villarruel decidió dejar de jugar en defensa. Como quien entrega carne fresca al bloque opositor, apuntó su misil judicial al corazón de la maquinaria comunicacional que sostiene a Javier Milei. Y lo hizo con un texto quirúrgico, tan técnico como venenoso, donde detalla una campaña sistemática de “hostigamiento y coacción” contra su figura y el Senado. Lo interesante no es solo el contenido, sino el contexto: esta ofensiva llega días después de que Milei la tildara de “traidora”, le impidiera el ingreso al acto de La Rural, y la acusara —literalmente— de preparar un golpe. Sí, un golpe.

La implosión del poder libertario

La denuncia no es sólo un recurso institucional: es una jugada estratégica con destinatarios múltiples. Al presentar cargos penales, Villarruel no sólo judicializa a los operadores libertarios más virulentos, sino que dibuja un límite: Milei no es más su aliado. Es su adversario político, simbólico y jurídico. Y lo que antes se disimulaba como una interna incómoda, ahora se revela como una ruptura terminal entre dos proyectos: el de Milei, basado en la violencia política performativa; y el de Villarruel, que construye su propia épica desde la legalidad como dispositivo de poder.

El timing también habla. En el mismo mes en que el Presidente necesita cerrar filas para sostener vetos y evitar el naufragio legislativo, su vicepresidenta le entrega en bandeja a la oposición la fractura más ruidosa del oficialismo. Y lo hace desde la tribuna judicial, con el lenguaje de los códigos penales y no de las redes. Villarruel no contesta con un hilo de X: contesta con una causa que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que ya tiene a fiscales como Franco Picardi y Guillermo Marijuan en acción. No es espuma. Es fuego.

Y mientras Milei revienta micrófonos con insultos sobre traiciones, Villarruel afila su narrativa en otro registro: el de la dama que no perdona pero tampoco grita. La que lanza un torpedo con guantes de encaje. Cada adjetivo en el escrito judicial, cada verbo cargado en su denuncia, fue pensado para reventar el plexo solar del ecosistema libertario sin despeinarse. Garbo con pólvora.

Ya no hay dos alas en La Libertad Avanza. 

Hay dos comandos enfrentados. Milei, con su aparato digital a los gritos. Villarruel, con sus escritos judiciales como puñales bien guardados. La pregunta no es si la denuncia prosperará. La pregunta es cuánto más puede sostenerse un Gobierno que ya no convive, sino que se denuncia mutuamente por rebelión.

Nada de tribuna: cargos con mucha reja 

Lejos de ser una declaración simbólica, las denuncias presentadas por Victoria Villarruel activan figuras penales con peso específico real. No se trata de “calumnias e injurias” ni de peleas entre influencers: la vicepresidenta acusó a Javier Negre, Lilia Lemoine y otros de delitos tipificados en el Código Penal bajo artículos que implican penas de prisión efectiva. Entre ellos: intimidación pública (art. 211), incitación a la violencia colectiva (art. 212), apología del crimen (art. 213), y —el más delicado— “amenaza de rebelión”, tipificado en el artículo 213 bis.

Este último no es cualquier artículo: forma parte del cuerpo normativo que protege el orden institucional, la estabilidad de los poderes del Estado y el funcionamiento del régimen democrático. Su inclusión en la denuncia no es caprichosa. Apunta a encuadrar la campaña de hostigamiento como un ataque coordinado y planificado a la figura de la vicepresidenta en tanto jefa del Senado, no como ciudadana común.

¿Puede prosperar? Dependerá del impulso de los fiscales y del juez. Pero lo relevante es la señal política: Villarruel se presenta como defensora de la República, una figura institucional acorralada por un grupo violento con terminales en el oficialismo. En este marco, si se llegara a comprobar la concurrencia de delitos, el abanico penal va de los 3 a los 12 años de prisión.

No es solo un “carpetazo”. Es un misil jurídico con capacidad de daño real. Y con una vicepresidenta que lejos de esconderse, convirtió su rol institucional en plataforma para reposicionarse como garante del orden frente a Milei y sumar heridos con frialdad. ¿Hará algo la Justicia? No ahora. Pero para eso es la denuncia. 

La denuncia no es retórica: si avanza, abre la puerta a penas de prisión por delitos contra el orden público.