Esta desidia estatal pone en peligro la vida de más de 4.600 pacientes que dependen de su tratamiento para sobrevivir.
La falta de pago, que en muchos casos arrastra más de seis meses de atraso, ha quebrado la cadena de suministros. Los centros ya no cuentan con recursos para adquirir los insumos necesarios para las sesiones trisemanales, ni para abonar los sueldos y honorarios del personal interviniente.
“No estamos hablando de una paritaria o un ajuste administrativo; estamos hablando de personas que, si no se dializan, mueren en pocos días”, advierten desde las entidades prestadoras.
A pesar de los reiterados reclamos enviados al Ministerio de Salud, la deuda no solo no se cancela, sino que se sigue incrementando, mientras los centros se ven obligados a evaluar el cierre de salas y la derivación masiva de pacientes a hospitales públicos que ya se encuentran saturados.
Hacemos un llamado urgente a la comunidad y a las autoridades para evitar una tragedia sanitaria evitable. La salud no puede esperar a la burocracia.
