La justicia avanza en la investigación por enriquecimiento ilícito en la que está imputado Francisco Adorni y en la que se realizó un procedimiento en el Ministerio de Defensa donde el hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni se desempeñó cuando era funcionario público.
Se trata de una “orden de presentación” dispuesta el viernes y concretada el fin de semana por el juez Sebastián Casanello en el Ministerio de Defensa de donde los investigadores se llevaron documentación sobre los nombramientos de Francisco Adorni, los cargos que ocupó y el historial de sus sueldos en cada cargo.
Según la denuncia, el funcionario se desempeñó primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, desde junio de 2025, al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
La orden fue dispuesta el viernes por Casanello, quien estuvo hasta al frente del juzgado federal 6, en reemplazo de su colega Daniel Rafecas, que desde hoy retoma en ese juzgado como subrogante. La medida, entre otras, había sido solicitada por el fiscal Guillermo Marijuán.
En la causa, ya se dispuso levantar el secreto bancario y fiscal de Francisco Adorni, actual diputado provincial, y se ordenaron medidas para reconstruir su evolución patrimonial desde 2020 hasta la actualidad.
En ese sentido, se pidió información a bancos y entidades financieras para que brinden el detalle de cuentas corrientes, cajas de ahorro, transferencias, depósitos en efectivo, tarjetas de crédito, plazos fijos, cajas de seguridad y operaciones de compra y venta de moneda extranjera de Francisco Adorni.
También hay pedidos a ARCA, entre otras medidas que había solicitado el fiscal Marijuán al impulsar el caso.
Según la denuncia realizada por la diputada Marcela Pagano, el entonces funcionario podría haberse enriquecido de manera ilícita durante su paso por el ministerio de Defensa.
El fiscal recordó que, de acuerdo con la denuncia, Francisco Adorni “no registraba antecedentes públicos de trayectoria en la función pública nacional ni patrimonio compatible con la incorporación de bienes registrables de alto valor en plazos breves”.
En el escrito se detalló además que, al asumir funciones públicas, Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción el 50% de una vivienda en City Bell valuada en $38.790.000 y el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 tasado en $5 millones. También consignó bienes y dinero por un total de $43.790.000 y “ninguna suma en concepto de deudas”.
Sin embargo, el fiscal advirtió que en la declaración jurada anual correspondiente a 2025 el funcionario informó un patrimonio neto de $80.500.000.
Según se consignó, el incremento “se explicaría sustancialmente” por dos operaciones: la incorporación del 50% de una Jeep Renegade 2020 valuada en $8 millones y, especialmente, la cancelación en apenas un año de un crédito hipotecario de aproximadamente $60 millones otorgado por el Banco Provincia.
En uno de los tramos del dictamen, el fiscal señaló que “incluso asumiendo una capacidad de ahorro extraordinaria del cien por ciento (100%) del salario percibido, el flujo disponible en el período resultaría insuficiente para explicar la cancelación en un breve lapso de 12 meses de un pasivo hipotecario por aproximadamente 60.000.000 de pesos”.
La justicia ya requirió una extensa serie de informes a organismos públicos y entidades financieras. Entre otras medidas, solicitó información a ARCA sobre declaraciones juradas, movimientos patrimoniales, cuentas bancarias, consumos con tarjetas, operaciones cambiarias, bienes registrables y eventuales movimientos vinculados a activos virtuales.
