La desaceleración de la inflación no vino acompañada por una recuperación vigorosa de la economía real. La actividad todavía muestra señales de enfriamiento, el consumo avanza con dificultad y la recaudación tributaria comenzó a resentirse. En ese escenario, el Gobierno decidió abrir una nueva ventana para que miles de contribuyentes regularicen deudas con el fisco. No se trata de una condonación ni de un blanqueo: es una moratoria diseñada para mejorar el flujo de ingresos del Estado sin resignar intereses ni sanciones.
El nuevo régimen de facilidades de pago administrado por ARCA estará vigente hasta el 30 de octubre y alcanza a micro, pequeñas y medianas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro. Podrán incorporarse obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio, incluyendo intereses y multas acumuladas.
Un alivio financiero con límites
La medida aparece en un momento delicado para las cuentas públicas. Durante los últimos meses la recaudación perdió dinamismo y solamente mayo mostró una recuperación real de los ingresos tributarios. Esa desaceleración obliga al Poder Ejecutivo a profundizar el ajuste del gasto para sostener el equilibrio fiscal, uno de los principales pilares de la estrategia económica.
El plan intenta evitar que muchas pequeñas empresas y contribuyentes ingresen en procesos de ejecución fiscal o enfrenten embargos por deudas acumuladas durante los últimos años. Sin embargo, las condiciones financieras muestran que el alivio tendrá un costo importante.
Las micro y pequeñas empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro podrán cancelar sus obligaciones en hasta 18 cuotas, abonando un anticipo del 5% y una tasa de financiación mensual del 2,75%. Para las medianas empresas el esquema resulta más exigente: el pago inicial asciende al 10% y el plazo máximo baja a 15 cuotas.
También podrán incorporarse retenciones y percepciones impositivas, aunque con un límite de nueve cuotas para los contribuyentes de menor tamaño y de siete para las medianas empresas. En todos los casos, ARCA aclaró que el régimen no implica reducción de intereses ni liberación de sanciones.
Desde el sector tributario reconocen que la iniciativa responde a una necesidad concreta. Muchas MiPyMEs llegaron a este año con deudas fiscales acumuladas como consecuencia de la caída de ventas, la pérdida de rentabilidad y el aumento del costo financiero. La posibilidad de refinanciar esos pasivos ofrece una herramienta para ordenar balances y evitar conflictos judiciales.
Sin embargo, varios especialistas advierten que el esquema podría quedarse corto. El anticipo obligatorio reduce liquidez precisamente en empresas que enfrentan dificultades de caja, mientras que la tasa del 2,75% mensual supera las proyecciones privadas de inflación, que ya se ubican por debajo del 2%. Si el proceso de desinflación continúa, el costo real del financiamiento terminará aumentando mes tras mes.
A ello se suma otro límite: quedaron excluidos conceptos relevantes como anticipos impositivos, aportes a obras sociales, cuotas de ART, obligaciones del régimen de casas particulares y deudas provenientes de otros planes de facilidades vigentes.
La medida refleja una tensión que atraviesa toda la política económica. El Gobierno necesita preservar el equilibrio fiscal, pero también evitar que el deterioro de la actividad siga reduciendo la base de recaudación. En ese equilibrio delicado aparece esta moratoria: una herramienta que busca oxigenar a pequeñas empresas y contribuyentes mientras intenta recomponer ingresos para el Estado. La incógnita es si alcanzará para reactivar el cumplimiento tributario o si terminará siendo otra señal de que la economía real todavía sigue muy lejos de la recuperación que muestran algunos indicadores macroeconómicos.
