La inflación volvió a desacelerarse en junio y el Gobierno celebró el dato como una confirmación del rumbo económico. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 1,9%, el mismo nivel registrado diez meses atrás, acumulando un 33,5% interanual. La cifra también consolidó una tendencia descendente que comenzó después del pico de marzo, cuando la inflación había escalado al 3,4%, para luego retroceder al 2,6% en abril, 2,1% en mayo y finalmente perforar nuevamente el umbral del 2%.
Desde la óptica macroeconómica, el resultado es consistente con la estrategia oficial de estabilización. Sin embargo, la economía política obliga a mirar un poco más abajo de la superficie. Porque mientras los porcentajes muestran una desaceleración del ritmo inflacionario, millones de familias del Conurbano bonaerense continúan enfrentando una realidad donde llegar a fin de mes sigue siendo un ejercicio de supervivencia.
La inflación cede, pero el ingreso todavía no alcanza
El dato más revelador no surge del índice general sino de las canastas que publica el propio INDEC para el Gran Buenos Aires. Durante junio, una familia integrada por dos adultos y dos hijos necesitó reunir $1.531.473 para superar la línea de pobreza, medida por la Canasta Básica Total. Solo para cubrir la alimentación indispensable, esa misma familia requirió $689.853.
La situación tampoco mejora para otros hogares. Una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 necesitaron ingresos por $1.219.231 para no ser pobres. En tanto, un matrimonio joven con tres hijos pequeños debió contar con $1.610.772 para cubrir el conjunto de bienes y servicios esenciales.
Esos números reflejan una paradoja que comienza a atravesar la economía argentina. La inflación pierde velocidad, pero la recomposición del ingreso no avanza al mismo ritmo. El resultado es un escenario donde los precios dejan de correr, aunque la distancia entre el salario y el costo de vida continúa siendo demasiado amplia.
Incluso dentro del propio índice aparecen señales que explican esa sensación cotidiana. Mientras Alimentos y Bebidas aumentó 1,3%, otros rubros con fuerte impacto sobre el presupuesto familiar avanzaron muy por encima del promedio. Recreación y Cultura lideró las subas con 4,2%, impulsada por el turismo de invierno, mientras Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 3,3% debido al ajuste de tarifas. Los precios regulados crecieron 2,4%, principalmente por electricidad y transporte.
El denominado IPC núcleo, que excluye factores estacionales y regulados, se ubicó en 1,6%, el registro más bajo desde julio del año pasado. Para los economistas, ese indicador confirma que la inercia inflacionaria continúa moderándose. Sin embargo, la economía doméstica no se organiza únicamente alrededor de los bienes núcleo. Las familias pagan tarifas, transporte, alquileres y servicios cuyos aumentos siguen absorbiendo una parte creciente de los ingresos.
Allí aparece uno de los principales desafíos del programa económico. La estabilización nominal constituye una condición necesaria para recuperar la actividad, pero no alcanza por sí sola para recomponer el consumo. El mercado laboral continúa mostrando señales de fragilidad, el empleo informal mantiene un peso elevado y la recuperación salarial todavía resulta insuficiente para devolver capacidad de compra a una porción importante de la población.
El propio Gobierno apuesta a que la baja de la inflación termine generando una mejora gradual del crédito y del consumo privado. Sin embargo, esa recuperación depende de una variable mucho más compleja: que los ingresos reales logren crecer de manera sostenida y que las familias recuperen margen financiero después de varios años de deterioro.
Por eso, el dato de junio representa una buena noticia desde la macroeconomía, pero todavía no modifica la vida cotidiana de buena parte del Conurbano. La inflación desacelera, sí. Pero para millones de hogares el problema ya no es solamente cuánto aumentan los precios. El verdadero interrogante sigue siendo cuánto tarda el salario en alcanzarlos.
