Hay noticias que no hacen ruido hasta que ya es demasiado tarde. La caída sostenida de la vacunación en Argentina es una de ellas. Mientras el invierno multiplica las consultas por enfermedades respiratorias, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires lanzó una advertencia de máxima gravedad: declaró la "emergencia epidemiológica y ética" frente al deterioro de las coberturas de inmunización y pidió una reacción urgente del Estado nacional para evitar un escenario sanitario que considera cada vez más peligroso.
El pronunciamiento fue aprobado por el Consejo Superior de la entidad y pone el foco en un fenómeno que excede cualquier discusión política coyuntural. Lo que está en juego, sostienen los profesionales, es una de las principales herramientas de prevención construidas por el sistema de salud argentino durante décadas.
Los datos que motivaron la declaración muestran una realidad preocupante. Según la información internacional elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF a través del informe WUENIC, Argentina registra un marcado retroceso en la cobertura de vacunación infantil y hoy ocupa uno de los peores desempeños de la región en varios indicadores.
Una alarma que trasciende a los hospitales
El dato más contundente refleja que más de 101.000 niños nunca recibieron una vacuna del Calendario Nacional, una cifra que representa un incremento cercano al 60% respecto de 2021. A eso se suma que la segunda dosis de la vacuna triple viral apenas alcanza una cobertura del 46%, mientras que la triple bacteriana ronda el 75%, porcentajes muy por debajo de los niveles considerados seguros para generar inmunidad colectiva.
La preocupación también alcanza a los adultos mayores. El Colegio de Médicos advirtió que numerosos jubilados denunciaron dificultades para acceder a las vacunas antigripales y antineumocócicas dentro del sistema público. Según la entidad, quienes pudieron afrontar el gasto recurrieron al sector privado, mientras que muchos otros quedaron expuestos a enfermedades respiratorias que podrían prevenirse con una cobertura adecuada.
Para los profesionales, el problema no se explica por un rechazo masivo de la población a las vacunas. El diagnóstico apunta a otro lado: cuestionan la falta de campañas públicas de información, la ausencia de políticas sostenidas para recuperar esquemas incompletos y las dificultades registradas en la adquisición y distribución de dosis.
En ese marco, recordaron que la Ley Nacional 27.491 establece que la vacunación constituye un bien social y asigna al Estado la responsabilidad de garantizar el abastecimiento, la logística y la distribución oportuna del Calendario Nacional.
Por eso el documento también incluye un reclamo concreto al Ministerio de Salud de la Nación: restablecer de manera inmediata la provisión de vacunas, recuperar las campañas federales de concientización, normalizar la entrega gratuita para adultos mayores y grupos de riesgo y publicar un tablero nacional que permita seguir la evolución de las coberturas.
Durante años, Argentina fue reconocida por tener uno de los calendarios de vacunación más amplios y gratuitos del mundo. Para el Colegio de Médicos, ese capital sanitario no debería darse por descontado. Porque cuando la prevención pierde terreno, las consecuencias no aparecen solamente en las estadísticas. Terminan llegando a las guardias, a los hospitales y, sobre todo, a las familias.
