La inseguridad volvió a colarse en el centro de la discusión política de Quilmes. Durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la concejal de La Libertad Avanza, Estefanía Albasetti, puso el foco sobre una de las principales preocupaciones que atraviesan al distrito: los hechos delictivos y la respuesta del Estado municipal frente a una demanda que sigue creciendo en los barrios.
La edil sostuvo que los reclamos vecinales por robos y hechos de violencia se multiplican mientras persisten deficiencias en el patrullaje y en el funcionamiento de las cámaras de vigilancia. Con ese diagnóstico, presentó una minuta de comunicación verbal para solicitar un refuerzo de la Patrulla Urbana en las zonas con mayor incidencia delictiva. La iniciativa, sin embargo, no prosperó tras el debate legislativo.
El intercambio volvió a poner sobre la mesa un problema que excede la discusión partidaria. En un distrito donde la seguridad ocupa un lugar permanente en la agenda pública, cualquier cuestionamiento sobre la capacidad de prevención impacta directamente sobre la gestión encabezada por la intendenta Mayra Mendoza.
Seguridad, memoria y salud: una sesión atravesada por la disputa política
La intervención de Albasetti no quedó limitada al tema de la seguridad. También cuestionó el convenio suscripto entre el municipio y Abuelas de Plaza de Mayo para desarrollar instancias de capacitación destinadas a trabajadores municipales. Desde la banca libertaria interpretaron que esa iniciativa constituye una forma de adoctrinamiento y manifestaron su rechazo a que la participación sea obligatoria para el personal alcanzado por el acuerdo.
El planteo se inscribe en una discusión política que trasciende Quilmes. La relación entre el gobierno nacional y los organismos de derechos humanos se convirtió en uno de los ejes de confrontación más visibles desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, y ese clima también empieza a reflejarse en los debates de los concejos deliberantes.
La concejal aprovechó además la sesión para respaldar la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el oficialismo nacional. Defendió la necesidad de revisar los criterios vigentes para la evaluación de riesgo y facilitar las decisiones vinculadas con internaciones y tratamientos en casos de padecimientos severos.
Sin embargo, el núcleo político de la jornada pasó por otro lado. La seguridad volvió a exponer uno de los flancos más sensibles de la gestión municipal. La oposición intentó instalar el tema con un pedido concreto de mayor presencia territorial, mientras el oficialismo rechazó la propuesta en el recinto.
En Quilmes, como ocurre en buena parte del Conurbano, la disputa política puede cambiar de protagonistas, pero el eje permanece inalterable. Cuando los vecinos hablan de seguridad, la discusión deja de ser ideológica y vuelve al terreno donde las gestiones se juegan buena parte de su credibilidad: la capacidad de dar respuestas concretas frente al delito.
