Quién contrató la herramienta utilizada para alterar imágenes de estudiantes es una de las preguntas abiertas en la investigación del Colegio Modelo Lomas. La pista apunta al posible pago del servicio de inteligencia artificial con una tarjeta de crédito perteneciente a un adulto.
La información difundida sobre la causa no confirma esa operación ni permite establecer qué conocimiento habría tenido el titular de la tarjeta sobre su finalidad. Se trata de una hipótesis investigativa, pendiente de corroboración.
El seguimiento del caso, que LA TERCERA abordó tras conocerse las imputaciones iniciales, suma así una cuestión vinculada con el acceso a la plataforma. Reconstruir la contratación podría aportar elementos para identificar quiénes intervinieron y qué hizo cada persona.
Una tarjeta puede dejar un registro de una operación. Para atribuir responsabilidades, también será necesario determinar quién la utilizó, bajo qué circunstancias y con qué conocimiento del destino del servicio.
Los dispositivos y el recorrido de las imágenes
Los allanamientos informados alcanzaron domicilios de Lomas de Zamora y Remedios de Escalada, en Lanús. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos, computadoras y otros dispositivos destinados a pericias. También se investiga una posible comercialización del material.
El examen de esos equipos puede aportar registros sobre las cuentas utilizadas, las fechas de actividad y la circulación de archivos. Todavía no se conocen resultados periciales que permitan reconstruir esa secuencia.
La elaboración de una imagen, su envío y una eventual venta requieren comprobaciones específicas. Establecer que un archivo circuló no alcanza para afirmar que hubo una transacción comercial ni para atribuir la misma intervención a todas las personas investigadas.
La pista financiera deberá conectarse con esos elementos. Si se acredita un pago, quedará por determinar su relación con el uso de la herramienta y con las acciones denunciadas.
Una investigación sobre responsabilidades individuales
Las imágenes bajo investigación habrían utilizado la apariencia de alumnas para fabricar contenido sexual sin su consentimiento. Aunque el material sea falso, su circulación puede exponer a personas reales y prolongar el daño cada vez que vuelve a compartirse.
La continuidad judicial del caso tiene dos planos: esclarecer la producción y difusión de los archivos y preservar a las estudiantes de nuevas exposiciones.
El posible uso de una tarjeta adulta amplía las preguntas, pero no permite anticipar una participación deliberada. El próximo avance relevante será conocer qué acreditan las pericias y si los registros de contratación permiten establecer quién accedió al servicio y para qué lo utilizó.
