En el conurbano, la discusión sobre el futuro de AySA tiene una medida concreta: cuántos hogares siguen sin conexión a las redes de agua y cloacas. El cambio de operador y la distribución de responsabilidades entre gobiernos deberán evaluarse también por lo que ocurra en los barrios que todavía esperan esos servicios.
Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, publicado el 11 de octubre, sitúa la cobertura de agua de red en el 73% de los hogares del conurbano y la de cloacas en el 55%. En CABA, ambos servicios llegan a casi la totalidad. La diferencia expone una desigualdad dentro del mismo espacio metropolitano.
Los porcentajes describen al conurbano en conjunto. No permiten asignar esa cobertura al norte, al oeste o al sur por separado, ni identificar qué municipios concentran el déficit. Tampoco describen la presión del agua o la continuidad del suministro en los hogares conectados.
La vida cotidiana detrás de una conexión
Contar con una red cambia la forma de resolver necesidades básicas. Donde el agua se obtiene mediante una perforación, la calidad y disponibilidad dependen de las condiciones de esa fuente. La ausencia de conexión, por sí sola, no permite afirmar que el agua de una vivienda esté contaminada.
En saneamiento, las soluciones individuales requieren espacio, mantenimiento y condiciones adecuadas de funcionamiento. Su existencia no equivale a tener acceso a una red cloacal con tratamiento de los desagües.
Por eso, medir la cobertura es un punto de partida. Para conocer las condiciones de un barrio también hacen falta datos sobre el servicio existente, las alternativas utilizadas y las obras necesarias. Una media metropolitana puede reunir situaciones muy diferentes.
La ampliación debe poder reconocerse en conexiones efectivas. Una obra anunciada, una instalación terminada y un hogar incorporado al servicio son etapas distintas. El seguimiento necesita saber cuándo se completa cada paso y qué sectores quedan pendientes.
Qué se anunció para la nueva etapa
El Ministerio de Economía informó el 8 de octubre la apertura de las ofertas económicas para seleccionar un operador estratégico. El proceso contempla transferir al sector privado el 90% de las acciones de AySA; el 10% restante corresponde a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
La comunicación oficial establece un Plan de Acción para 2027-2031 por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. Incluye obras, mantenimiento, mejoras y operación. Ese monto no debe describirse íntegramente como inversión destinada a nuevas conexiones.
Para 2031, el Gobierno comunicó metas de cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas. Al finalizar el período inicial de concesión, los mínimos previstos son del 90% y del 75%, respectivamente.
Son objetivos sobre el servicio concesionado, que no pueden compararse directamente con los porcentajes de hogares del conurbano publicados por IDeSA. Antes de medir avances es necesario mantener iguales el territorio, la población de referencia y el criterio de cobertura.
Quién controla y quién responde
IDeSA propone trasladar el control y la regulación de AySA a CABA y a la provincia de Buenos Aires. Su planteo forma parte de una posición sobre la organización federal y el financiamiento del servicio. No constituye una decisión ya adoptada.
La propuesta abre una discusión sobre responsabilidades. Para los usuarios, cualquier esquema debe permitir identificar quién recibe reclamos, quién verifica la prestación y qué autoridad exige el cumplimiento de las obligaciones.
El cambio de propiedad tampoco acredita, por sí mismo, una mejora. Esa evaluación requiere observar resultados: continuidad, calidad, mantenimiento y expansión. Las promesas de eficiencia necesitan convertirse en prestaciones que puedan comprobarse.
Las tarifas integran la misma cuenta. Financiar el funcionamiento y las obras exige recursos, mientras los hogares necesitan conocer qué se cobra y qué respuesta obtienen. El control debe alcanzar tanto las obligaciones económicas como las condiciones del servicio.
En cada barrio importa conocer qué redes faltan y qué mejoras se necesitan.
El acceso al agua y al saneamiento necesita plazos, responsabilidades y resultados visibles. La discusión sobre AySA encontrará su prueba en los hogares: que una conexión pendiente llegue, que el servicio funcione y que exista una autoridad capaz de responder cuando eso no ocurra.
