Especialistas de la UNSAM y la UNR analizan la crisis narco de Rosario

Por Gaspar Grieco

Las tasas de homicidio rosarinas son las más altas de toda la Argentina. El país contabiliza 4,31 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en Rosario esa cifra asciende a 22,1. Cinco veces más. De hecho, el municipio bonaerense de La Matanza, que tiene 1,8 millones de habitantes, registró 142 homicidios en 2022, mientras que Rosario contó 287 sobre 1,4 millones de habitantes, según el Reporte Anual Homicidios 2023 de la Provincia de Santa Fe. 

1. Detrás de las fotos “a lo Bukele”

El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) presentó denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por “delitos de torturas, vejaciones y hurto agravado, contra internos de los pabellones. Enrique Font, investigador y docente titular de la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), dice que “los presos se bancan que los caguen a palos en las requisas. Lo que no se bancan son las torturas y los allanamientos en las casas de sus familiares, a quienes les rompieron todo, les robaron, golpearon y humillaron”.

A fines de 2023, la tasa de encarcelamiento de la provincia de Santa Fe llegó a 290 presos cada 100 mil habitantes, cuando una década antes era de 135 presos, un crecimiento de 115 % en solo diez años. En el ámbito penitenciario, las nuevas autoridades aumentaron la cantidad y la violencia en las requisas y limitaron el ingreso de las visitas. 

José Garriga Zucal es docente e investigador de la Escuela Interdisciplinario de Altos Estudios Sociales (EIDAES) de la UNSAM y se especializa en el estudio de la violencia en la cárcel. “Los homicidios de inocentes en Rosario son un mensaje hacia el poder político y, en este sentido, están vinculados con el efecto que tuvo la requisa a los familiares: las visitas dentro del mundo carcelario son sagradas y se sabe que no hay que pudrirla en ese momento. Si bien es importante trabajar con las visitas para ver quién trae y lleva información para nuevos ilícitos, esta no es la manera. Esos episodios de violencia generaron un malestar en el mundo carcelario, que respondió con más violencia”. 

2. Bandas que son bancos y Estado

Los especialistas señalan que el negocio de la droga en Rosario está asociado al narcomenudeo. Se estima que una banda puede tener unos 300 bunkers que funcionan como “cocinas” o sitios de venta en los barrios del denominado “cordón de Rosario”. Si bien estas bandas no controlan la ciudad, Garriga asegura que “manejan el miedo” y advierte que hay elementos para preocuparse por una posterior “cartelización”. Prueba de ello es que una de las notas amenazantes al Gobernador fue firmada por “Zona Norte, Zona Sur y Zona Oeste Unidos”. “Los narcos en Rosario tienen la capacidad de convertirse en estructuras más grandes porque manejan mucha plata. Tal vez no lo desean o no les sirve por ahora, pero hay elementos para empezar a preocuparse realmente porque hay cierto acuerdo entre bandas que están surgiendo desde la cárcel, al igual que como surgió el Comando Vermelho en Brasil”. Los transas son un banco abierto 24×7 y esa función de prestamistas, en este contexto de crisis social, los vuelve actores territorialmente relevantes”.

3. Policías cuentapropistas

“La policía de Santa Fe es la más violenta del país”, enfatiza Font y señala que numerosos hechos delictivos y detenciones “demuestran a las claras la convivencia entre la policía y el negocio de las drogas”. Si bien estas afirmaciones pueden resultar escandalosas, los especialistas aseguran que se trata de un fenómeno que se repite en las grandes ciudades. Pero si bien en las grandes urbes argentinas existe esta convivencia entre el narcotráfico y la policía, ¿por qué en Rosario la tasa de homicidios ligados al narcotráfico supera ampliamente los registros de Buenos Aires, Córdoba y otras ciudades?

Garriga y Font señalan que la convivencia entre el mundo criminal y las instituciones policiales están mediadas por el poder político a través de un “doble pacto”. Se trata de un fenómeno común en los municipios urbanos a partir del cual el poder político tranza con la policía el control del narcotráfico, pero con el compromiso de que no se generen disturbios, enfrentamientos violentos, asesinatos o la comercialización de cierto tipo de droga. 

4. Baja eficacia judicial

La Justicia de la provincia de Santa Fe tiene un bajo porcentaje de esclarecimiento de homicidios. Según el Informe de Gestión 2022 presentado por el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, entre 2014 y 2019 se pudo identificar a los autores en alrededor del 60 % de los expedientes. Pero, a partir de 2020, las resoluciones de las causas comenzaron a decaer: los datos muestran que, en 2022, entre el 41 % y el 70 % de los hechos se concentraron en Rosario.

5. De guerreros y narcoterroristas

Como ya fue explicado antes, a diferencia de otros países de Latinoamérica, en Argentina aún no existen carteles que dominen ciudades, ni una estructura tan poderosa y organizada que se pueda señalar como un enemigo a combatir. Entonces, ¿a quiénes se le está declarando la guerra?

Garriga sostiene que no solo es “peligrosa” una declaración de guerra, sino que puede resultar contraproducente: “Lo que me da miedo es que la guerra narco genere ese monstruo. Porque no fue que se modificó un enemigo: se lo inventó. Y alimentar ese enemigo con todas las dinámicas de la guerra puede terminar construyendo una organización criminal similar a la de un cartel”.

Por último, Font señala que, desde que se sancionó la Ley de Narcomenudeo propuesta por el Ejecutivo, el gobierno de Pullaro demolió numerosos puntos de venta de droga. “Otra función de un circo que puede tornarse peligroso, o redundar en más y peor violencia que la que supuestamente se pretende mitigar”.