La paciencia se terminó. Las falsas amenazas a escuelas, que durante meses se disfrazaron de “bromas” en redes o mensajes anónimos, empezaron a tener consecuencias concretas. En Santa Fe, el Estado decidió correr el eje: ya no se trata solo de investigar, sino de cobrar. Operativos policiales, evacuaciones, interrupción de clases y angustia colectiva ahora tienen precio, y no es simbólico.
La primera factura superó los 6 millones de pesos y llegó directo a los padres de un menor identificado como autor. El mensaje es claro: no hay margen para la impunidad doméstica ni para la banalización del miedo. Cada alerta falsa moviliza recursos críticos, desgasta a docentes, expone a estudiantes y tensiona un sistema educativo ya golpeado. La tolerancia cero dejó de ser consigna para convertirse en política concreta.
El Gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro de los operativos para los padres o tutores de estudiantes que hayan realizado amenazas escolares en la provincia. En esta ocasión, la intimidación fue por más de $6 millones y las autoridades destacaron la reacción que tuvo el adulto que recibió la boleta: “Cara la jodita”.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó detalles sobre la primera notificación enviada a personas identificadas como responsables de amenazas a escuelas de la provincia y cuyos padres deberán abonar los operativos.
El primero procedimiento fue realizado este lunes por la Policía provincial y contaron que el adulto responsable tuvo una reacción bastante particular al manifestar: “Cara la jodita”.
Cococcioni dio una conferencia luego del operativo en la cual detalló que la notificación se realizó en la ciudad de Santa Fe “a ambos padres de un menor que fue identificado como autor de una de las amenazas”, por un monto total de $6.024.944, que deberán abonar en calidad de responsables solidarios.
Las notificaciones detallan el monto de la deuda, los medios de pago y el plazo para abonar, que es de cinco días. Vencido ese término, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.
Cococcioni indicó que ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica “más de 70 personas involucradas”, dado que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable. “
A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, explicó.
