El Hospital Ramón Carrillo quedó bajo la lupa después de que su dirección denunciara faltantes de insumos descartables y llevara el caso a la Justicia. La presentación apunta a dos trabajadores y a un antiguo proveedor, aunque todavía no está determinado cuánto material falta ni existe una responsabilidad penal definida.
Eso obliga a separar tres planos.
La Justicia deberá establecer si hubo sustracción de insumos, quiénes participaron y qué valor económico tuvo el faltante.
La Provincia tendrá que explicar cómo funcionaban los controles dentro de un hospital que debería saber qué entra, qué se utiliza y qué permanece en depósito.
Y el Municipio deberá responder qué hizo cuando apareció un problema en el establecimiento sanitario de referencia de San Vicente.
La denuncia incorpora conversaciones, un audio y registros de supuestos movimientos de dinero que ahora deberán ser evaluados judicialmente. Pero incluso antes de saber si existió un delito, hay una pregunta administrativa difícil de esquivar: si las diferencias de stock venían detectándose desde hacía tiempo, ¿qué mecanismos fallaron para que el problema llegara hasta este punto?
El Carrillo depende de la Provincia de Buenos Aires desde su incorporación definitiva a la red bonaerense. Por eso la responsabilidad administrativa sobre depósitos, inventarios y funcionamiento interno corresponde hoy al Ministerio de Salud provincial. Eso no vuelve al hospital políticamente ajeno a San Vicente.
Qué hizo Mantegazza ante la denuncia
Nicolás Mantegazza fue uno de los impulsores de la provincialización y desde entonces continuó participando de anuncios e inversiones vinculados con el Carrillo. En agosto volvió a mostrarse junto a Axel Kicillof y Nicolás Kreplak durante la puesta en funcionamiento de una nueva sala de tomografía, una inversión provincial de $415 millones.
Ese contraste obliga a mirar también la reacción política local.
Hace falta saber cuándo fue informado el intendente, si pidió explicaciones a la dirección del hospital, si reclamó una auditoría y qué intervención tuvo la Secretaría de Salud municipal. También si exigió conocer si los faltantes afectaron servicios o atención de pacientes.
Hay otra pregunta especialmente sensible: ¿el exproveedor señalado había contratado anteriormente con el Municipio o con el hospital durante su etapa municipal?
No se trata de trasladarle a Mantegazza una responsabilidad administrativa que hoy corresponde a la Provincia. Se trata de otra cosa: el inventario puede depender del Ministerio de Salud, pero los pacientes siguen siendo vecinos de San Vicente.
La dimensión real del caso también dependerá de algo que todavía no está claro: cuánto material desapareció y si esa merma tuvo consecuencias concretas sobre la atención.
Si los faltantes quedaron limitados a una diferencia contable, el problema será grave pero acotado a controles patrimoniales y eventuales responsabilidades individuales.
Si, en cambio, hubo sectores que no pudieron disponer de jeringas, guantes u otros descartables cuando los necesitaban, la discusión cambia de escala porque el perjuicio deja de ser solamente económico y empieza a tocar directamente la atención sanitaria.
Ahí aparece una contradicción difícil de ignorar: un hospital puede recibir equipamiento de alta complejidad y, al mismo tiempo, tener que explicar dónde están sus insumos básicos.
No hay relación causal entre una cosa y la otra. Pero sí muestran dos caras de la gestión sanitaria: inversión y control cotidiano.
La Provincia deberá explicar cómo se registraban los movimientos de stock, cuándo aparecieron las primeras diferencias y qué medidas se tomaron antes de llegar a la denuncia.
La Justicia deberá determinar si hubo delito.
Y San Vicente, qué hizo cuando el problema apareció en el hospital al que recurren sus vecinos.
Cuando llegan inversiones, Provincia y Municipio aparecen juntos.
Cuando faltan insumos, las respuestas deberían tener la misma visibilidad.
