Justicia, contrabando y rosca federal
Entre dólares sin declarar, causas en Paraguay y favores en Entre Ríos, la víctima no convence a nadie.
A veces la política argentina parece escrita por un guionista harto. Edgardo Kueider, exsenador peronista, decidió salir a llorar por radio porque —según su versión— está siendo víctima de una persecución judicial despiadada.
El problema no es que se defienda: el problema es que lo hace con el descaro de quien cree que nadie recuerda de qué lado jugaba cuando el poder judicial era útil para apretar al otro. Lo investiga Sandra Arroyo Salgado, sí, pero no es precisamente una fiscal combativa del lawfare: es una de las más cómodas aliadas del status quo judicial que el propio peronismo dejó crecer como hiedra en los tribunales federales.
Desde Paraguay, donde cumple arresto domiciliario por contrabando de más de 200 mil dólares, Kueider se escuda en tecnicismos. Dice que la plata no era suya, que la causa de Arroyo Salgado en Argentina es “trucha”, que lo acusan más que a Cristina. Y que no se quiere entregar porque la extradición está mal armada. Hasta ahí, todo típico. Pero lo jugoso está en lo que no dice: que la jueza que lo investiga por coimas en contratos de seguridad con empresas estatales es parte del club selecto de magistradas blindadas por la misma política que hoy él dice que lo persigue.
La causa “Securitas” —que lleva ese nombre por los vínculos con firmas de seguridad beneficiadas con contratos públicos— lo tiene como sospechoso de haber sido el nexo político de una red de retornos millonarios, donde su rol habría sido destrabar convenios y direccionar favores. ¿Y qué hace él? Minimiza todo. Y no sólo eso: compara delitos que no tienen punto de contacto, mezcla Cristina con divisas y termina pareciendo un monólogo de autodefensa mal ensayado.
Pero lo más insólito no es su estrategia de defensa, sino la falta de autocrítica. Porque si alguien fogoneó durante años la consolidación de un poder judicial funcional al oficialismo de turno, fueron justamente quienes como él se sentaban en las bancas para no tocar la reforma judicial ni con un palito. Ahora, cuando la ruleta gira y la jueza estrella se pone del otro lado, se escandaliza.
Y así, el exsenador atrapado con su pareja y un fajo de dólares en la valija, quiere convencernos de que es un perseguido. Que los vicios en el pedido de extradición lo convierten en un mártir. Que si lo acusan en Entre Ríos, es por su carrera política. Que el lawfare lo alcanzó. Pero no dice ni mu de por qué la SIGEN detectó desmanejos, ni qué hacía su nombre en medio de las contrataciones turbias de ENERSA.
Kueider no está solo. Hay toda una generación de exfuncionarios que aprendieron a victimizarse cuando el péndulo judicial deja de apuntar al adversario y gira hacia los propios. Se olvidan de que Comodoro Py no tiene ideología, tiene favores. Y que si alguna vez jugaron con fuego pensando que no quemaba, ahora es tarde para quejarse del calor. El problema no es que haya una causa: el problema es que esta vez la llama los toca a ellos. Y ahí sí, la justicia parece injusta. Pero sólo cuando deja de obedecer.
Kueider llora persecución, pero omite que la jueza que lo investiga no es una outsider del poder: es Arroyo Salgado, símbolo blindado del círculo judicial más condescendiente con la casta que él mismo acompañó.
