La pregunta ya no es cuándo llegará una nueva actualización de aranceles. La verdadera incógnita es otra: ¿cuánto tiempo más podrán sostener clínicas y sanatorios un sistema que paga prestaciones con un atraso del 125% respecto de la inflación?
Durante meses, los prestadores absorbieron aumentos en salarios, medicamentos, insumos médicos, servicios públicos y tecnología sanitaria con la expectativa de que la situación se corrigiera. Pero esa corrección nunca llegó. Hoy, el desfase entre los costos reales y los ingresos que perciben por atender afiliados del PAMI se convirtió en un problema estructural que amenaza la continuidad del modelo asistencial.
La respuesta del organismo, hasta el momento, fue anunciar una actualización del 8% para las prestaciones de julio y abrir nuevas mesas técnicas de trabajo. Sin embargo, la magnitud del atraso demuestra que esas medidas están lejos de resolver el problema de fondo.
La preocupación ya no se limita a los balances de las instituciones. Lo que está en discusión es la capacidad del sistema para seguir funcionando con normalidad. Clínicas y sanatorios son responsables de una parte sustancial de las internaciones, cirugías, diagnósticos y tratamientos que reciben los afiliados del PAMI. Si esa red comienza a debilitarse, el impacto recaerá inevitablemente sobre millones de jubilados.
El Gobierno parece haber comenzado a tomar dimensión del conflicto. No por una decisión preventiva, sino porque la crisis empezó a salir de los escritorios y hacerse visible en los pasillos de las clínicas. Los reclamos de afiliados, las demoras en la atención y los episodios de tensión registrados en distintos establecimientos dejaron de ser hechos aislados para transformarse en señales de un sistema bajo una presión cada vez mayor.
La creación de una comisión técnica entre el PAMI y los representantes del sector puede interpretarse como un intento por mantener abierto el diálogo. Pero el riesgo es que esas instancias se conviertan en espacios para administrar una crisis, en lugar de resolverla.
Mientras tanto, los números siguen deteriorándose. Cada mes que pasa sin una recomposición acorde al incremento de los costos profundiza el desequilibrio económico de clínicas y sanatorios. Y cuando una institución deja de invertir, posterga equipamiento, reduce servicios o enfrenta dificultades para sostener a sus profesionales, el primer perjudicado no es el prestador: es el paciente.
En ese contexto, la discusión dejó de ser exclusivamente sectorial. El funcionamiento del sistema privado que atiende a los afiliados del PAMI es un asunto de política sanitaria. Si el Estado depende de esa red para garantizar la cobertura de millones de jubilados, también debe garantizar que esa red sea económicamente viable.
El interrogante ya no admite demasiadas vueltas. No se trata únicamente de cuánto cobran las clínicas y sanatorios. Se trata de si el modelo que sostiene la atención médica de millones de adultos mayores puede seguir funcionando con un atraso del 125% respecto de la inflación.
Porque cuando un sistema de salud deja de ser sostenible, las consecuencias no aparecen primero en los indicadores económicos. Aparecen en las salas de espera, en las guardias colapsadas y en los pacientes que, pese a tener cobertura, encuentran cada vez más dificultades para acceder a una atención de calidad. Y cuando eso ocurre, ya no estamos frente a un problema financiero: estamos frente a una crisis sanitaria.
