Preocupa el futuro del Reactor CAREM y sus trabajadores

En la última reunión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, presidida por Soledad Alonso, se debatió con preocupación la situación de los 230 trabajadores despedidos de la planta nuclear CAREM, en Zárate. "Se ha vuelto una constante tener que debatir y votar proyectos por pérdidas de puestos de trabajo porque hay una embestida que no cesa y sigue eliminando empleos en lugar de crearlos”, expresó la presidenta de la Comisión.

El CAREM es el primer reactor nuclear de potencia diseñado íntegramente en el país y que podría llevar energía a zonas alejadas de los grandes centros urbanos, así como a polos fabriles e industriales con alto consumo. Dada su importancia, fue la diputada María Belén Malaisi quien presentó el proyecto de preocupación por los despidos.

En la iniciativa explicó que el conflicto se agravó tras un claro desfinanciamiento que ya había resultado en el despido de 570 trabajadores de la construcción. La obra, que comenzó en 2014, se constituyó como el primer reactor modular de baja y media potencia del mundo en estar oficialmente en construcción. 

“Los despidos en CAREM no solo representan un golpe para las familias de los trabajadores afectados, sino también para el desarrollo tecnológico y la soberanía energética de nuestro país", expresó Alonso. "Es fundamental que se tomen medidas para garantizar la continuidad de este proyecto estratégico, que ha sido pionero a nivel mundial”.

Durante la reunión, también se aprobó el proyecto de ley presentado por la diputada de Unión por la Patria, Lucía Iañez, que propone licencia por duelo familiar de hasta un máximo de 45 días corridos, con goce íntegro de haberes para la persona que tenga hijos/as menores de 18 años de edad o con discapacidad sin límite de edad, en el caso de fallecimiento del/a corresponsable parental. Según la autora, el objetivo es "reconocer y otorgar derechos a las diferentes conformaciones familiares, así como atender las diversas necesidades de cuidado que tienen las familias a lo largo del tiempo".

Otro proyecto debatido y aprobado fue el de Ricardo Lissalde, que establece requisitos para el uso del Régimen de deducción de haberes mediante códigos de descuento. La iniciativa surge por la alta cantidad de préstamos solicitados a través de este sistema por personal público, jubilados y pensionados, que generan descuentos significativos en sus haberes, sumados a intereses elevados.

“Como legisladores, no podemos permitir que este abuso persista. Es necesario y urgente sancionar una norma que regule esta actividad, fije un tope razonable y justo a los intereses de los créditos, y proteja la integridad del salario de los empleados públicos,” expresó Lissalde en su proyecto.

Alonso también resaltó que esto genera un círculo vicioso: "En este contexto, donde la necesidad económica se ha profundizado por las medidas del actual gobierno, trabajadores y jubilados que no llegan a fin de mes se ven obligados a endeudarse una y otra vez para pagar préstamos que no están regulados”.

Finalmente, la comisión abordó otros proyectos de preocupación ante la pérdida de puestos de trabajo en diversas áreas del sector estatal, en el marco de una nueva ola de despidos. Entre ellos, se mencionaron los 20 despidos en la Estación Experimental de Pergamino del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la situación laboral de los trabajadores de Motora Argentina S.A., que operan en plantas ubicadas en Mechita, Partido de Bragado, y en la ciudad de Maipú, donde los empleados han reportado falta de trabajo y retrasos en sus salarios.